La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), con sede en Córdoba, ha valorado la “clara” disposición de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, para abordar la “grave y penosa” situación de “miles de andaluces víctimas del urbanismo”, que “sigue causando en Andalucía un retroceso social y económico impropio del siglo XXI”.

Según han manifestado desde la coordinadora, los colectivos de parcelas de toda la región reciben el mensaje de la nueva consejera de Ordenación del Territorio con “esperanza y agradecimiento”, dado que “con su análisis de la situación y el reconocimiento explícito de la maraña normativa que condena a años de procesos administrativos interminables y costosos para los ciudadanos ha puesto el dedo en la llaga”.

En este sentido, han asegurado que su manifestación de “atajar cuanto antes con todas las medidas necesarias” dicha situación es “un soplo de aire nuevo”, motivo por el que han dicho que se alegran de que “haya anunciado distintas medidas con la disposición de que la Junta trabaje estrechamente con los ayuntamientos para solucionar, en tiempo y de forma eficiente, los planes generales”, como ya CALU demandó en su propuesta presentada a todos los grupos políticos del Parlamento en febrero de 2016.

Al respecto, desde los colectivos integrados en CALU han apuntado que trabajan y lo seguirán haciendo “apostando por un urbanismo que atienda las necesidades de todos los andaluces para que en pleno siglo XXI no haya un solo andaluz sin servicios básicos en esta tierra”.

De hecho, desde CALU elaboran unos informes de “la situación real de Andalucía en viviendas irregulares”, para lo cual ya se han puesto en contacto con el PP, dadas las competencias en Ordenación del Territorio, y cuando tengan los informes se le entregarán a la consejera.

En concreto, la consejera de Fomento ha manifestado esta semana ante el Pleno del Parlamento que el nuevo Gobierno andaluz tiene como objetivo poner fin a la “maraña urbanística” que provocó el anterior Ejecutivo del PSOE-A y que ha llevado a que actualmente haya 300 planes generales de los ayuntamientos “atascados en los cajones de la consejería”.