Parcelaciones en zona inundable en Córdoba: el debate pendiente tras cada crecida del Guadalquivir

Las imágenes de calles anegadas, viviendas precintadas y vecinos desalojados han vuelto a repetirse en Córdoba tras el último tren de tormentas y los desembalses que elevaron el nivel del Guadalquivir a cotas preocupantes. Más de 1.500 personas tuvieron que abandonar preventivamente sus casas en enclaves como Alcolea, Majaneque o las inmediaciones del aeropuerto. Aunque la mayoría ha podido regresar, 135 viviendas permanecieron días después cerradas por seguridad.

La escena no es nueva. En 2010 ya hubo inundaciones graves. El pasado año, también. Y este invierno, de nuevo. La pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa: ¿qué hacer con las viviendas situadas en zona inundable?

Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, casi 4.400 cordobeses residen en áreas con riesgo de inundación a diez años vista en el término municipal. El Medio Guadalquivir es una de las zonas más conflictivas de la provincia, en parte por las numerosas parcelaciones levantadas en las márgenes del río, muchas de ellas construidas en décadas en las que el control urbanístico fue laxo o inexistente.

Dos problemas distintos: arroyos y cauce principal

Para Carlos Valverde, del Consejo de Distrito El Higuerón, conviene distinguir entre dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado, las inundaciones derivadas de arroyos mal mantenidos; por otro, las viviendas que están prácticamente en el cauce del río.

“El problema del arroyo tiene fácil solución: limpiar los cauces y acondicionar aquellos que no estén canalizados”, explica. A su juicio, el mantenimiento periódico y constante es clave y la falta de coordinación entre administraciones —Ayuntamiento y Confederación— ha cronificado el problema. “Es tan sencillo como mantener limpios los cauces y sus zonas de servidumbre”, insiste.

En zonas como el entorno de Camino Viejo de Almodóvar o en determinados puntos de Majaneque, las crecidas de arroyos han provocado inundaciones puntuales y recurrentes que, según los vecinos, podrían minimizarse con actuaciones periódicas de limpieza y adecuación hidráulica. La discusión competencial sobre quién debe actuar —si en suelo urbano o no urbano— termina retrasando intervenciones que se consideran básicas y necesarias.

Más complejo es el caso de las casas situadas en el propio cauce del Guadalquivir, especialmente en parcelaciones como Guadalvalle o zonas de Alcolea. “Ahí poco arreglo veo”, reconoce Valverde. “Estamos hablando de un riesgo extremo y permanente. No tiene sentido que esas personas vivan pendientes de cuándo crece el río”.

Seguridad y problemática social: la propuesta de una mesa a cuatro

El debate no es únicamente técnico o urbanístico; es también profundamente social y humano. Muchas de las viviendas afectadas constituyen la residencia habitual de familias que, en algunos casos, no disponen de alternativa inmediata ni recursos suficientes para trasladarse a otra zona segura.

“¿Qué hacemos con esas personas que se encuentran en el cauce?”, se pregunta Valverde. Desde el Consejo de Distrito defienden la convocatoria de una mesa a cuatro en la que estén representadas la Administración General del Estado -a través de la Subdelegación-, la Junta de Andalucía —con el delegado del Gobierno—, el Ayuntamiento y el propio Consejo de Distrito como voz directa y legítima de los vecinos afectados.

La finalidad sería sentarse y alcanzar un acuerdo global, coordinado y estable en el tiempo. “Esas casas, yo poco arreglo les veo, porque están en el cauce del río”, insiste. Pero el problema no puede abordarse únicamente desde la óptica del derribo. Hace falta una respuesta social estructurada, con participación institucional y vecinal, que analice caso por caso y explore alternativas reales.

Valverde advierte además de una dinámica repetida: el debate se reactiva con cada inundación y se diluye cuando el agua baja. “Siempre nos acordamos cuando llegan. Yo creo que deberíamos hablarlo ahora, cuando ya ha pasado, sentarnos y ver qué solución le damos”. A su juicio, es imprescindible abrir un debate sereno, fuera de la emergencia, para evitar que la situación se repita año tras año.

Entre las posibles vías, menciona la opción de vivienda de protección oficial, ayudas al alquiler u otras fórmulas públicas que permitan reubicar a las familias en situación de riesgo extremo y continuado. “Esto es un problema de las Administraciones”, recalca, subrayando que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los vecinos ni en un único nivel institucional. La solución, insiste, debe ser compartida y coordinada.

Vivienda en zona inundable: una cuestión más amplia

Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), su presidente Juan Andrés de Gracia amplía el foco. Recuerda que la inundabilidad no afecta solo a parcelaciones ilegales o suelos no urbanizables. “Hay zonas consolidadas de la ciudad, como el Campo de la Verdad o áreas del casco, que también están en parámetros de posible inundación”, señala.

En su opinión, hay que diferenciar entre zonas afectadas por arroyos, donde caben soluciones técnicas y de inversión, y aquellas donde las viviendas están “prácticamente metidas en el cauce”. En el primer caso, defiende inversiones conjuntas y planificación específica, con planes especiales que reduzcan el riesgo cuando los arroyos se desbordan puntualmente.

Sin embargo, es tajante respecto a las viviendas donde el agua puede alcanzar tres o cuatro metros en episodios extremos. “Esas casas deben desaparecer. No hay solución estructural para ellas”, afirma, apelando a la seguridad como prioridad absoluta. Estamos hablando de algunas decenas de viviendas, no estamos hablando de más, en la zona de Guadalvalle, en alguna zona de Alcolea y en la del lado del aeropuerto", puntualiza.

Eso sí, subraya la necesidad de un estudio social previo, detallado y riguroso. "No todos los residentes son propietarios; puede haber alquileres o situaciones de vulnerabilidad económica", sostiene. “No se les puede prometer una vivienda saltándose a la torera al resto de personas que están esperando una en la ciudad, sino que habrá que aplicarle criterios sociales. Habrá que aplicar ayudas al alquiler u otras fórmulas de apoyo, pero con rigor y equidad; ayudarles desde el punto de vista laboral con fórmulas oportunas para que puedan tener su propia vivienda y no estén en un lugar tan peligroso”, añade.

El papel de la planificación y la prevención

El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo), Juan Benito, insiste en que las zonas inundables están recogidas en cartografías oficiales y públicas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Junta de Andalucía. “La construcción en estas zonas no está permitida por el riesgo potencial”, recuerda.

Tras las inundaciones de 2010, sostiene, no debieron volver a ocuparse algunas viviendas afectadas. “No es entendible que se hayan reconstruido y vuelto a habitar”, lamenta. Para el COACo, la primera medida es el control administrativo estricto y continuado para impedir nuevas edificaciones y evitar la consolidación de situaciones irregulares.

Pero también aboga por actuaciones que trascienden la arquitectura: políticas coordinadas de desembalses, limpieza sistemática y periódica de cauces y proyectos como el tanque de tormentas que ayuden a laminar avenidas en episodios de lluvias intensas.

“El debate no puede abrirse solo en escenarios de emergencia. Debe plantearse de forma sosegada, fuera de la urgencia”, subraya. La planificación a medio y largo plazo, junto con una clara voluntad política, es la única vía para reducir la exposición al riesgo sin recurrir constantemente a medidas improvisadas.

Demoliciones pendientes y actuación “quirúrgica”

En el plano administrativo, el Ayuntamiento ha activado una decena de expedientes de demolición en zonas inundables. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha confirmado que en seis casos ya se han iniciado los trámites necesarios y uno cuenta con autorización judicial.

La GMU sacará a concurso un contrato externo para ejecutar las demoliciones subsidiarias cuando se disponga del aval judicial. Aunque no se han detallado las ubicaciones exactas, el alcalde, José María Bellido, ya señaló que se encuentran en Guadalvalle.

El regidor ha defendido una intervención “muy quirúrgica”: actuar primero sobre las viviendas que generan mayor riesgo para la seguridad de las personas y que, en algunos casos, ya estaban vacías. Pero ha subrayado también la vertiente social y humana del problema. “No podemos dejar a nadie en la calle”, afirmó, apuntando a la necesidad de ofrecer alternativas habitacionales si finalmente se ejecutan los derribos.

Cambio climático y recurrencia

El trasfondo es inquietante. Si antes las grandes inundaciones parecían espaciarse durante décadas, ahora los episodios extremos se suceden con mayor frecuencia. El cambio climático y la mayor intensidad de las lluvias introducen una variable de incertidumbre que refuerza la urgencia de actuar y revisar decisiones del pasado.

“Ya no esperamos 16 años para que vuelva a ocurrir”, advierte Valverde. “Nadie nos garantiza que el año que viene no estemos igual”.

Mientras el nivel del río desciende y los vecinos regresan a sus casas, el debate vuelve a enfriarse. Sin embargo, la estadística es clara: miles de cordobeses viven en zonas de riesgo y cada episodio deja patente la vulnerabilidad estructural existente.

La solución pasa por combinar decisiones urbanísticas valientes, coordinación institucional real y efectiva, inversiones en infraestructuras hidráulicas, planificación preventiva y medidas sociales estructuradas que permitan reducir la exposición sin generar nuevas desigualdades. Porque cada crecida no solo anega calles y viviendas; también deja al descubierto una pregunta que Córdoba lleva años posponiendo: qué hacer con las casas levantadas donde el agua siempre acaba regresando.