El juez paraliza la apertura de la fosa de La Salud tras el auto de Garzón

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales en el estudio de los delitos del franquismo ha supuesto un punto de inflexión en la exhumación de la fosa del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, donde se cree que descansan los restos del diputado del PSOE Luis Dorado. El Juzgado de Instrucción número 6 recibió hace unas semanas un exhorto de Garzón para recabar la información necesaria sobre dicha fosa. El titular del órgano ha decido ahora, tras el auto de ayer, paralizar el proceso a la espera de que un nuevo juez retome el procedimiento.

Fuentes judiciales informaron de que los familiares de Dorado intentaron personarse como parte interesada en el Juzgado de Instrucción 6 hace unas semanas, aunque no pudieron hacerlo debido a que la única labor de ese órgano era auxiliar el procedimiento de Garzón. También hace unas semanas, Instrucción 6 requirió al Ayuntamiento información sobre el cementerio de La Salud, unos datos que a día de ayer no se habían recibido. Las mismas fuentes detallaron que el órgano tuvo que dirigirse hasta en tres ocasiones a los servicios jurídicos municipales para obtener la documentación.

Ni el juez decano, Luis Rabasa, ni el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, conocían ayer de qué manera afrontarán los juzgados de Córdoba el proceso abierto por Garzón sobre la Guerra Civil y el franquismo. Rabasa apuntó a la posibilidad de que, cuando se reciban los tomos de la Audiencia Nacional, la causa entre en el reparto ordinario de casos y se remita a un juzgado de instrucción. Baena, por su parte, dijo que "habrá que ver de qué acusa" Garzón y "a quién acusa", y apuntó que "lo primero sería abrir una causa penal" para autorizar mediante el derecho penal la apertura de las fosas.

La exhumación de enterramientos de la Guerra Civil no es competencia exclusiva de los tribunales. Es más, la Ley de la Memoria Histórica articuló subvenciones para que diferentes colectivos pudieran afrontar la investigación de las fosas. Tal es el caso de los familiares del diputado del PSOE Luis Dorado, fusilado en Córdoba en 1936. Tras obtener los fondos necesarios del Ministerio de Presidencia, recibieron el visto bueno del Ayuntamiento para localizar en La Salud una fosa común. La semana pasada, sin embargo, presentaron una denuncia contra la alcaldesa, Rosa Aguilar, por supuesta prevaricación ante la negativa del Consistorio a colaborar en los trabajados de exhumación requeridos en el cementerio.