Mercado inmobiliario

Los agentes de la propiedad alertan del "nivel de organización" que ha alcanzado la ocupación de viviendas en Córdoba

  • Lamentan que la legislación, "confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez", alimenta que el problema vaya en aumento

Una cerradura reventada para ocupar una vivienda.

Una cerradura reventada para ocupar una vivienda. / El Día

La ocupación de viviendas es un problema que el sector inmobiliario arrastra desde hace años y que vive en estos momentos "su punto más álgido". Así lo ha advertido el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, que avisa de que el sistema judicial registra cada día más casos de usurpación de viviendas, en especial de segundas residencias. Aunque las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Canarias, Murcia, Valencia y Madrid son las principales afectadas, en Andalucía también van en aumento los casos y en el caso concreto de Córdoba, la ciudad no es ajena a este asunto.

Todo lo contrario. La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) en Córdoba, la abogada Ana Moreno, avisa de que en la ciudad operan grupúsculos "con cierto nivel de organización", que se encargan de localizar pisos que se encuentran vacíos para ofrecerlos a particulares, habitualmente personas de escasos recursos. "Evidentemente, no existe ningún tipo de contrato y los inquilinos hacen un pago al informador por esta labor", explica Moreno.

Estos agentes inmobiliarios ilegales están a la caza de los pisos que se quedan vacíos, la gran mayoría pertenecientes a bancos y fondos de inversión y que proceden de lanzamientos e impagos hipotecarios; en Córdoba, aclara, no hay casos de ocupas entren en viviendas de familias que se ausenten unos días, por ejemplo, por estar de vacaciones, como tampoco es frecuente que irrumpan en urbanizaciones de nueva construcción.

El motivo principal, explica la experta, es que las entidades bancarias son las que más tardan en darse cuenta de la ocupación, por lo que los usurpadores disponen de más tiempo, a veces incluso años. Y también porque en ocasiones existe, de acuerdo a su experiencia, cierta demora a la hora de emprender el procedimiento judicial oportuno.

Aunque no existen datos concretos de la dimensión del problema, el Colegio de Córdoba asegura que en los últimos meses se ha detectado un incremento. Y la previsión es que el problema vaya a más "debido a que la crisis se está agudizando", avisa Moreno.

¿Qué puede hacer el propietario ante la ocupación de un inmueble? El Derecho permite recurrir tanto a la vía penal como a la civil. En el caso de Córdoba, y debido a la pendencia de unos y otros juzgados, Moreno recomienda optar por la vía penal mediante un procedimiento por usurpación ilegal de vivienda. Lo tramita el juzgado de instrucción y se resuelve con una vista que puede quedar resuelta en un plazo de entre tres y seis meses. Si se opta por una demanda civil, los plazos suelen alargarse mucho más, entre otros motivos por la negativa de los ocupas a recoger los requerimientos judiciales.

En este contexto, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España se alerta de que la legislación en materia de ocupación de viviendas es “confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez”. Y es que los procesos judiciales actuales, se realicen por la vía civil o por la vía penal por delito de usurpación, suponen unos costes muy elevados y una perpetuación en el tiempo del delito que "no ofrecen ninguna garantía a los propietarios". “El incremento de los casos registrados en España se debe precisamente a la laxitud y la poca claridad de la ley, lo cual da muchas alternativas a los okupas para invadir la propiedad ajena con total impunidad”, avisa el organismo.

“Necesitamos un pacto de Estado en el que todos los agentes sociales, políticos y técnicos que intervienen en el funcionamiento del mercado puedan reunirse, llegar a un consenso y alcanzar una solución efectiva y a largo plazo. De lo contrario, se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro estado de bienestar como es el de la propiedad privada”, reclama Jaime Cabrero, tesorero del Consejo General.

El experto incide también en la necesidad de establecer una clara definición de los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues en estos momentos el marco jurídico es “muy indeterminado y cambiante, por la que la resolución de los procesos judiciales se eterniza”.

En la misma línea, Montserrat Junyent, responsable del área de Asesoría Jurídica del Consejo General de los Coapi de España, indica que “los vaivenes jurídicos registrados en los últimos años en materia de ocupación, tanto públicas como del ámbito privado, no ayudan a determinar un marco legislativo que prevenga de manera definitiva esta tendencia que vulnera un derecho tan importante como es el de la propiedad privada”. Junyent también pone el foco en el “efecto negativo que ha tenido la tolerancia a la hora de legislar sobre vivienda en España, la cual ha dado pie al auge de la ocupación ilegal de viviendas al amparo de la supuesta vulnerabilidad de algunos colectivos”.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, actualmente presidido por Gerard Duelo -también presidente del Coapi de Barcelona-, es una Corporación de Derecho Público que representa y defiende los intereses de los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados y de los colegios en que estos se hallan inscritos ante la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, otros poderes u órganos del Estado y las instituciones internacionales. Representa a 46 colegios de toda España, entre ellos el de Córdoba, y a unos 10.000 agentes.

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