Casi el 90% de los multados por las cámaras son turistas

Casi el 90% de las multas de tráfico por las cámaras que el Ayuntamiento tiene en la calle las reciben personas que no residen en Córdoba, según confirmó ayer el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Emilio Aumente. Ese hecho ha propiciado que el Ayuntamiento vaya a llevar a cabo una "reorganización" de ese sistema de cámaras sancionadoras para evitar que esas multas acaben reduciendo las visitas a la ciudad. "Las cámaras deben ser un elemento disuasorio y no deben ser un elemento recaudatorio; y estamos teniendo un problema que da mala imagen a la ciudad. El turismo es importantísimo para Córdoba y con este tema nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado", reconoció el teniente de alcalde. "Esas cámaras están ubicadas para controlar el tráfico en el casco histórico y van a continuar en él, pero estamos estudiando la manera de subsanar el problema, perfeccionado lo que tenemos", añadió, incidiendo en que el Ayuntamiento continuará con los trabajos de peatonalización del casco "para seguir humanizando la ciudad; pensamos que se ha realizado un trabajo excepcional en los últimos años en este tema", resaltó Aumente.

El teniente de alcalde Seguridad Ciudadana y Vía Pública indicó que "cada cámara tiene su casuística, no es el mismo el problema que tiene la cámara del Puente que el que tiene la cámara de las Tendillas; y con esa casuística y los datos de cada una de las cámaras vamos a trabajar para solucionar el problema", puntualizó.

Aumente coge ahora por los cuernos un tema que denunció reiteradamente cuando estaba en la oposición. A finales del pasado año afirmó que las 22.688 sanciones impuestas hasta el mes de agosto de 2014 por las seis cámaras ponemultas que existen en el casco histórico, estaban repercutiendo negativamente en el turismo y en el bolsillo de la ciudadanía. Además, explicó que en sólo un año tres cámaras ponemultas, en Caño Quebrado -Puerta del Puente-, Diario Córdoba y Valladares se contabilizaron un total de 20.349.

El coste de esas multas puede oscilar entre los 200 euros, que puede reducirse a la mitad por abonarla con rapidez, y los 600 euros más la retirada de seis puntos del carnet de conducir para las sanciones graves, que son las que impone la cámara de Caño Quebrado cuando se accede en dirección prohibida.

"Vamos a perfeccionar lo que tenemos, pero estas cámaras no pueden ser trampas ni un elemento para quitar dinero", recalcó el teniente de alcalde. Aumente consideró que para ello deberían de trabajar coordinadamente Movilidad y Seguridad y Tráfico. El edil reconoció que hay casos y casos. "Hay personas que vienen a cuidar en coche a una persona en el casco histórico y a esa persona tienes que darle una salida", puso como ejemplo. Y abogó por impulsar -dentro de esa nueva política de control de las cámaras -elementos de comunicación en lo que respecta a la accesibilidad, algo para lo que también puso un ejemplo a seguir: "hay personas que han pasado durante algún tiempo por una cámara, que no han sido sancionadas porque ha habido un problema de tráfico y han tenido luego en poco tiempo casi una treintena de avisos de foto; a esas personas al final se les ha mandado un documento diciendo que no continúe pasando por ahí porque al final se le va a multar".