El Movimiento Ciudadano pide al Ayuntamiento soluciones por el fracaso de la recogida neumática de residuos

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), considerado el máximo órgano de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Córdoba, ha aprobado en su última sesión plenaria un dictamen en la que insta al Consistorio a no dar por cerrado el fallido proyecto de recogida neumática de residuos implantado en varios nuevos barrios de la ciudad.

Hace unos días, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tomó conocimiento de 21 nuevas sentencias favorables al Consistorio en los procedimientos judiciales relacionados con la implantación del sistema de recogida neumática de residuos a la que obligaba el Consistorio en las nuevas construcciones de las zonas de expansión de Córdoba. Con estos nuevos fallos, ya son 54 las resoluciones favorables de un total de 72 procedimientos, lo que supone que tres de cada cuatro sentencias avalan la actuación municipal.

En la comparecencia se ha recordado que estos litigios tienen su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2022 que declaró nula la aplicación del Plan Especial de Recogida Neumática. Los procedimientos se agrupan en tres grandes bloques de demandantes: "comunidades de propietarios, juntas de compensación y un tercer grupo heterogéneo formado por particulares y empresas".

Mientras esas sentencias se han ido sucediendo, en su acuerdo, el CMC considera que el Ayuntamiento “no debe conformarse” con la situación actual y le reclama que entre en contacto con las comunidades de propietarios para estudiar la posibilidad de rescatar de los promotores, entre ellos la empresa municipal Vimcorsa, los sobrecostes que fueron abonados por los compradores de viviendas. Como alternativa, plantea que se valoren económicamente dichos sobrecostes y se busquen fórmulas de compensación económica, al entender que el Consistorio fue responsable subsidiario de esta situación. Además, el Consejo subraya la necesidad de que, en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), se aclare cuál es el estado actual de la infraestructura realizada y qué futuro tiene.

El origen del problema

El origen del problema se remonta al intento del Ayuntamiento de implantar un sistema de recogida neumática de residuos en los nuevos crecimientos urbanos previstos en el PGOU de 2001. Para ello, se aprobó un plan especial de obligado cumplimiento para los promotores de los planes parciales en zonas como Nuevo Poniente, Turruñuelos o Huerta de Santa Isabel. La iniciativa fue acogida con expectación tanto por el movimiento vecinal como por el propio CMC, al considerar que supondría una mejora del servicio público y un avance en términos de respuesta ambiental, al eliminar los contenedores de residuos de la vía pública.

Sin embargo, la crisis inmobiliaria y económica de 2010-2011 llevó al Ayuntamiento a liberar a los constructores de la obligación de ejecutar las infraestructuras, permitiéndoles sustituirlas por avales económicos. Esta decisión provocó que las viviendas se comercializaran incluyendo la recogida neumática como elemento atractivo y con un sobrecoste asumido por los compradores, mientras que la implantación real del sistema quedaba paralizada.

A partir de 2015 se intentó reactivar el proyecto, eliminando la posibilidad de avalar las actuaciones, pero surgieron dudas sobre el estado de las infraestructuras soterradas ya ejecutadas y sobre la ubicación de la central necesaria para el funcionamiento del sistema. La situación se agravó tras una sentencia judicial que anuló la instalación de la primera central prevista en una zona verde junto al Canal de Guadalmellato, decisión que también supuso la anulación del propio plan especial por defectos formales.

Como consecuencia, el Ayuntamiento devolvió los avales a los promotores, que no ejecutaron las infraestructuras pero sí habían repercutido su coste, y el proyecto fue definitivamente abandonado al no recurrirse la sentencia ni subsanarse los errores detectados. En la actualidad, las demandas de responsabilidad patrimonial presentadas por las comunidades de propietarios contra el Ayuntamiento están siendo desestimadas por los tribunales, una situación que el CMC considera injusta y que motiva su llamamiento a una solución política y administrativa.