La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este viernes en Córdoba la apuesta del Gobierno por el plan Justicia 2030 para "descongestionar" los juzgados y tribunales de España, una situación que también afecta, lógicamente, a los de la provincia, tal y como ha sido denunciado recientemente tanto por el fiscal jefe como por el presidente del Colegio de Abogados.

Durante su visita para participar en el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales Reencuentro Progresista, que ha comenzado este viernes en el hotel Córdoba Center y se clausura este sábado, Llop ha reconocido que el sistema judicial en España "está agotado, es un modelo que corresponde a un sistema decimonónico", lo que pone aún más en valor la apuesta del Ejecutivo central, a través del Ministerio de Justicia, por ese plan Justicia 2030 que ya fue presentado hace un año y que sigue dando pasos.

"Estamos trabajando en mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad de los juzgados y tribunales en todos los aspectos", ha defendido la ministra, que ha recordado que "las competencias" de Justicia "están transferidas en Andalucía", si bien esto no deja a la región fuera del ambicioso proyecto nacional: "Estamos trabajando en un plan cogobernado con las comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que se sustenta sobre tres leyes fundamentales de eficiencia: digital, procesal y de normativa que sustenta que los juzgados y tribunales se puedan descongestionar".

De esta manera, Pilar Llop ha añadido que este problema de colapso "a veces no se sabe si es una cuestión organizativa o realmente de falta de medios". Algo que el Gobierno pretende solventar con Justicia 2030, que tiene como objetivo modernizar y transformar la administración de Justicia para que llegue a todos los ciudadanos y para que sus asuntos se resuelvan en un tiempo prudencial", sin los retrasos actuales.

Algo a lo que también debe ayudar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos, y que podría tener continuidad también con el Consejo General del Poder Judicial, dado que "estábamos sufriendo una situación de parálisis institucional que no podíamos aguantar".

"Estoy muy satisfecha de que haya sido posible que las fuerzas políticas, y las mayoritarias en este caso, hayan llegado a un acuerdo sobre las personas que son candidatos a ocupar puestos en órganos constitucionales", ha defendido la ministra de Justicia, que confía en que "esto, que es un acuerdo de Estado" se traslade también al CGPJ: "Creo que es posible".

Y para argumentar su postura, Pilar Llop ha añadido en el dato ofrecido este mismo viernes por el Consejo General del Poder Judicial, que advertía que su no renovación "supone un retraso de más de mil sentencias al año", lo que supone un gran impacto "en la vidas ordinarias de los ciudadanos, que van a ver retrasos en la resolución de asuntos porque existe este bloqueo, ese incumplimiento de la Constitución".

"Yo pido que estemos a las alturas de la circunstancias y se pueda renovar también el Consejo General del Poder Judicial y que se haga cuanto antes, porque estamos en esa senda de diálogo, de reencuentro institucional y de los grandes acuerdos de Estado que hay que hacer, para evitar que su bloqueo impacte negativamente en la vida de la ciudadanía", ha finalizado la ministra.