Córdoba

De las mayorías incontestables a vivir bajo la sombra de la duda

  • Fernández Ramírez arrasó durante años en Pozoblanco, pero su labor pública se fue poblando de sospechas

Antonio Fernández Ramírez, detenido ayer por orden de la juez Mercedes Alaya, nació en Pozoblanco en 1957 y es sin duda el político con mayor capacidad de influencia y más largo recorrido de cuantos han surgido en la localidad de Los Pedroches a lo largo del periodo democrático. A la Alcaldía de la localidad llegó con sólo 30 años, y supuso el relevo de consenso dentro del mismo PSOE del que había sido el primer regidor del municipio, Blas Garrido. Su entrada en el Consistorio pozoalbense coincidió pues con los años del primer felipismo, con los bríos de una democracia que, una vez superado el 23-F, se integraba como miembro de pleno derecho en una Europa que se ilusionaba con la caída del Muro de Berlín. Fernández, en tal contexto, lideró una gestión política que supuso, visto ahora con distancia, una revitalización de la ciudad, que disfrutó de una notable modernización en lo que se refiere a infraestructuras públicas y que, acompañada por el auge del sector privado y de empresas tan señeras como la cooperativa Covap, afianzó su liderazgo como municipio más destacado no sólo de Los Pedroches sino del Norte cordobés.

Las mayorías absolutas se sucedieron así para Antonio Fernández y el PSOE por su propio peso, lo que no quiere decir que la imagen del regidor no fuese oscureciéndose. De hecho, las voces críticas contra su gestión no pararon de crecer y los resultados electorales sufrieron vaivenes aunque siempre le resultasen suficientes. Las acusaciones de ejercer el poder a modo de rodillo y sin diálogo y de oscurantismo en la gestión se hicieron habituales, lo que no quiere decir que el político pozoalbense no gozase siempre de una legión de fieles y del control del PSOE local, que era por entonces uno de los más dinámicos de toda la provincia. Fernández, de hecho, se convirtió con esos avales en uno de los barones del PSOE cordobés, lo que le permitió, allá por junio de 2004, dar el salto a la Junta de Andalucía cuando consideró que su etapa en el Ayuntamiento de Pozoblanco se había acabado. Lo dejó todo en su municipio, eso sí, atado y bien atado, o al menos ese fue su intento, con un PSOE instalado en la mayoría absoluta y con un alcalde de su confianza, Benito García de Torres. Difícilmente podía sospechar entonces Fernández Ramírez que Benito García, escasos años después, sería expulsado del PSOE y acabaría formando un partido independiente que llegaría infligir una dura humillación electoral a los socialistas al superarles en votos y concejales en los últimos comicios municipales. En realidad, las acusaciones veladas sobre los intentos de Fernández por controlar los entresijos de la formación local a pesar de haber abandonado sus responsabilidades nunca cesaron, ni siquiera hoy.

De la estancia de Fernández en la Delegación de Empleo de la Junta se puede decir que tuvo un carácter cuando menos de perfil bajo, de limitada notoriedad. Escasas comparecencias públicas de un político que parecía haber abandonado la primera línea de las batallas electorales en las que tanto éxito tuvo desde muy joven para encontrar acomodo en las bondades de la gestión. Poco más se puede decir de su callada labor, salvo que algunas publicaciones periodísticas sobre subvenciones concedidas a empresas y colectivos de su municipio y próximas a él durante su etapa en Empleo volvieron a sacar su nombre a la palestra, aunque aquello no tuvo continuidad judicial. Antonio Fernández, con tales sombras cayendo sobre su figura, se apartó de la vida pública tras las elecciones autonómicas de 2012.

Su nombre, cuando ya habitaba ese retiro, regresó hace unas semanas a los periódicos cuando un juez decidió imputarle por la gestión de las Utdelt, una causa judicial que todavía está dando sus primeros pasos. En el juzgado, ante los periodistas, se mostró relajado y, en apariencia, despreocupado de las acusaciones. Ahora se suma a eso la detención por parte de la Guardia Civil por orden de la juez Alaya, que sospecha que pudo tener protagonismo en los fraudes de los cursos de formación que ella investiga. Nubes oscuras vuelven a sobrevolar de este modo sobre un político que en su día aunó mayorías e ilusiones allá en Los Pedroches y que 30 años después se ve envuelto en las sospechas de corruptelas que día a día recaen sobre el socialismo andaluz. Su decadencia pública parece una metáfora de algo en realidad mayor.

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