"Estoy pasando un mal rato". La enorme polémica política generada en torno al caso Torreblanca se ha cobrado una víctima: la tranquilidad de la titular de la Secretaría General, María Isabel Alcántara, una funcionaria prácticamente recién llegada al Ayuntamiento que ha asumido un papel protagonista en esta historia de dimes y diretes. Ayer, en el Pleno, a la secretaria general -fedataria pública de la institución, que vela por la legalidad de todas las decisiones- se le escuchó con la voz rota ante la presión ante la que se la estaba sometiendo, pese a lo que mantuvo la compostura y el verbo fluido que maneja.

Hay que reconocer que la funcionaria se ha encontrado con una situación difícil. En primer lugar, desarrolló una investigación interna complicada que ha acabado con una serie de funcionarios ante la Fiscalía gracias a un trabajo que todo el mundo alaba. En segundo lugar, fue ella quien elaboró un informe jurídico en el que aconsejaba que la documentación fuese de acceso restringido a los miembros de la Junta de Gobierno Local, que inicialmente declinaron ese derecho. Hay que precisar que la decisión final de vetar el acceso a esos documentos fue responsabilidad de la alcaldesa, escuchado el dictamen legal. En tercer lugar, fue la titular de este órgano municipal quien tomó la determinación de comunicar las conclusiones de su investigación al Ministerio Público en cumplimiento de la obligación de todo funcionario de denunciar los hechos cuando tenga constancia de una presunta ilegalidad.

En el Pleno de ayer, a la Secretaría General se la puso en medio de un fuego graneado de alta intensidad. Rosa Aguilar la puso de testigo de reuniones y conversaciones mientras que el PP intentó arrimar el agua a su molino. Unos y otros acabaron pidiendo disculpas por la tensión que recorrió el salón de plenos de la calle Capitulares.