La lucha por la renta antigua sigue viva y su fin infla el valor del alquiler
economía | seis meses después del fin de la prórroga, continúa la batalla de los arrendatarios
El 50% de los comerciantes que no alcanza un acuerdo con los propietarios decide cerrar su negocio La conclusión de la moratoria de la renta antigua lanza el cierre de varias firmas
Local comercial. Totalmente reformado. Zona transitada y turística. Trastienda con espacio. 1.500 euros. Local comercial. Céntrico, junto a la calle Cruz Conde. 2.050 euros. Así rezan los anuncios de los más asequibles locales en alquiler situados en el centro de la capital cordobesa tras la conclusión de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El adiós a la renta antigua, que aún no es tal en los juzgados y continúa haciendo mella en el comercio tradicional, ha elevado el precio de alquiler de los establecimientos regentados por autónomos cordobeses cuyo acuerdo con los propietarios desfalleció, en los casos más cercanos, con el fin de la prórroga de dicha normativa el pasado 1 de enero. Multinacionales dedicadas al textil, archiconocidas operadoras de telefonía móvil, firmas de cosméticos de índole internacional o restaurantes y cafeterías que pueden encontrarse en la capital cordobesa o en Málaga o en París o en Manhattan copan a día de hoy el panorama comercial de la ciudad en detrimento de las pequeñas empresas cordobesas que anteriormente dibujaban en la calle Gondomar, la propia Cruz Conde o los alrededores de las Tendillas, un idílico recorrido por el comercio local.
Los Guillermos, la histórica juguetería cordobesa que hace un año bajó la persiana en Gondomar y cuyos inicios se remontan a 1906, ha cambiado de propietario y local. El actual encargado de la firma, Miguel, señala que el alquiler del establecimiento, situado en la calle Pastores, ronda los 1.500 euros. "Están pidiéndose barbaridades. Hay varios locales en alquiler en la zona, no demasiado amplios, que pueden alcanzan los 4.000 o 4.500 euros", declara el empresario cordobés.
La conclusión de la prórroga ha permitido a los propietarios alzar el precio del alquiler hasta cifras inasumibles por los pequeños comerciantes. Aquellos que no han llegado a un acuerdo con el propietario para tasar el valor del local en un precio para ambas partes adecuado, han tenido que bajar la persiana de su negocio, cambiar de ubicación el comercio o recurrir a los tribunales para buscar una salida intermedia y resistirse así a abandonar el que ha sido su lugar de trabajo. Manuel Mensua, propietario del comercio especializado en artículos religiosos Oriol, fundado por su abuelo en 1956 en la calle Cruz Conde, critica el elevado precio de los alquileres. "El precio iba subiendo cada año. Nos fuimos de allí en 2012 y ya pagábamos 900 euros al mes", señala Mensua desde el local en que actualmente regenta su negocio, en la calle Duque de Hornachuelos. "Están acabando con el pequeño comercio. Está todo repleto de franquicias. No pedimos que el alquiler sea de 10, 30 o 100 euros, pero la mayoría de los precios son abusivos", denuncia el empresario cordobés. Mensua confiesa que en el centro de la capital el precio de los alquileres, máxime en las calles más transitadas, puede alcanzar hasta los 5.000 euros.
La mitad de los arrendatarios que no ha conseguido alcanzar un acuerdo por el precio del alquiler con el propietario del local ha bajado la persiana y, en torno al 30%, ha trasladado el conflicto a los tribunales. Éstos son los datos que ofrece el impulsor de la plataforma defensora de los afectados No al cerrojazo, Ángel Rodríguez, quién afirma que la lentitud de los procesos judiciales está posibilitando que algunos de los que han decidido recurrir a ellos sigan en el mismo lugar con las puertas abiertas a la espera de la decisión del juez.
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