Los órganos de gobierno de las instituciones académicas verán reducidos el número de integrantes. Esta es una de las consecuencias que traerá la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), bautizada con el nombre de su principal impulsor, el ministro Manuel Castells.

Al menos, así consta en el borrador oficial que se ha presentado antes de llegar al consejo de ministros. Sin duda, una de sus principales novedades se centran en los claustros universitarios, cuyo número de componentes se limitará al centenar. Esto supone un importante cambio en la Universidad de Córdoba (UCO) donde esta cifra –según recogen sus estatutos actuales– alcanza los 300.

El artículo 21 del anteproyecto recoge que el claustro es "el órgano consultivo de representación y participación de la comunidad universitaria". En concreto, el punto tres se establece que este órgano "estará constituido por un máximo de 100 miembros", entre los que estarán el rector, que lo presidirá; el secretario general y el gerente. No obstante, el artículo deja en manos de cada universidad el porcentaje de representación de los colectivos que forman parte de la comunidad universitaria.

Este límite tiene especial incidencia en la UCO -al igual que en otras universidades andaluzas-, ya que su claustro está integrado hasta el momento por 300 personas, como recogen sus estatutos, por lo que la ley Castells obligaría a un cambio de estos. Supondría, a la postre, reducir dicho órgano de representación a un tercio y, por tanto, a una drástica reforma en la representación de los agentes de la comunidad universitaria, de manera que todos tuvieran cabida en él. 

Entre las funciones del claustro se encuentra la aprobación de los estatutos, que en caso de que la LOSU se implantara deberán ser modificados para adaptarse a la reforma. De igual forma, también adquiere un papel especial en las elecciones a rector -que en el caso de la Universidad de Córdoba se celebrarán el próximo año-, a cuyo cese puede verse obligado en caso de prosperar una moción de censura dentro de este órgano.

Los integrantes del claustro

La composición actual del claustro de la UCO se divide por sectores y según el colectivo al que pertenezcan dentro de la propia institución académica. Con todo, el sector A1, del que forma parte el profesorado doctor de cuerpos docentes universitarios tiene 162 representantes, mientras que el sector A2, integrado por profesores contratados doctor y profesores colaboradores con doctorado está representado con 32 miembros. En el caso del sector B1, profesores no doctores de cuerpos docentes universitarios, profesores colaboradores no doctores y contratados del programa Ramón y Cajal, hay una decena de claustrales, mientras que el sector B2, profesores contratados sin vinculación permanente, entre otros, tiene media docena de representantes. 

Birretes de integrantes de la UCO.

El Personal de Administración y Servicios de la UCO, por su parte, conforma el denominado sector C y cuenta con 30 miembros natos en el claustro, mientras que en el caso del alumnado -tanto de grado como de posgrado y doctorados- la cifra de representantes es de 60.

En concreto, la norma recoge que "las universidades públicas tendrán un plazo máximo de un año a contar desde la fecha de expiración del claustro vigente, para constituir el claustro y el consejo de gobierno de acuerdo con los preceptos de la presente Ley".

El anteproyecto de ley incluye también la motivación que impulsa estos cambios: "En lo referente a las estructuras internas y la gobernanza de la Universidad, la Ley refuerza la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, se adoptan medidas para asegurar una gestión eficiente y eficaz en el seno de la universidad", alega.

Pero aún hay más porque la reducción de miembros prevista por Castells también incluye al consejo de gobierno de la Universidad y a su Consejo Social. En el primero de ellos, no podrá exceder de los 50 y en el segundo, de los 20. En la Universidad de Córdoba el consejo de gobierno lo componen ahora 46 miembros,  según consta en la página web de la institución académica, por lo que no se vería afectada, mientras que el social prescindiría de cinco integrantes. 

El sistema de elección del presidente del Consejo Social, por su parte, también cambiará, ya que será elegido por votación de los miembros. Hasta el momento, el máximo representantes de este órgano colegiado es nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En la actualidad, el cargo de presidente del Consejo Social de la UCO está representado por Francisco Muñoz Usano y cuenta con representantes de la Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, la Universidad de Córdoba, las organizaciones sindicales, empresariales y de economía social, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Otro de los cambios que contempla la reforma se centra en las condiciones laborales de los docentes. Atendiendo a las peticiones de los sindicatos universitarios, el porcentaje de profesores con contrato temporal no podrá exceder nunca del 20% de la plantilla, con el fin de evitar la precariedad en el trabajo.