Detrás de la fachada vanguardista y a la última de la Ciudad de la Justicia de Córdoba sigue habiendo un embudo. Hay más espacio, más salas para celebrar vistas y mejores recursos que en el anterior inmueble, pero el funcionamiento sigue siendo muy similar debido a la falta de medios humanos. Y es que, como desvela el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria anual de 2021, hecha pública este miércoles, los distintos juzgados cordobeses acumulan un total de 4.298 sentencias penales sin ejecutar.

Esto es, personas que han sido condenadas por distintos delitos, que pueden ir de los malos tratos al tráfico de drogas o la seguridad vial, y que se encuentran pendientes de que se ejecute su sentencia -ingreso en prisión, pago de multas- por falta de recursos humanos y materiales para su control. La obligación de los magistrados es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aunque esta última labor se queda a medias por el embudo existente. 

Según los datos del TSJA, los juzgados cordobeses registraron 5.597 ejecutorias en 2021 y resolvieron muchas más, hasta alcanzar las 7.019; sin embargo, al final del ejercicio quedaron pendientes 4.298. "Pese a que se resuelven más ejecutorias de las ingresadas, la pendencia sigue siendo excesivamente elevada, lo que conduce a repetir, una vez más, que la puesta en marcha de Servicios Comunes de Ejecución de forma generalizada en los partidos que cuentan con juzgados de lo Penal es, casi con toda probabilidad, la medida que puede resultar más efectiva de cara a reducir esa elevada pendencia", aconseja el TSJA.

Con todo, Córdoba de las provincias andaluzas, junto a Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla, donde la pendencia disminuyó al final del ejercicio. En el conjunto de la comunidad se acumulan 74.447 ejecutorias pendientes.

Explosión de casos tras la pandemia

El estudio del TSJA evidencia una explosión de litigiosidad en 2021 tras un año anterior de duras restricciones por culpa del covid-19. Especialmente saturados se encuentran los juzgados de Primera Instancia, Familia y Mercantil, de manera que el alto tribunal propone que se creen otros tres órganos en Córdoba, uno por cada una de estas jurisdicciones. La cuarta demanda se refiere a un magistrado de lo Civil para la Audiencia Provincial.

Precisamente, el informe hace especial énfasis en el repunte de la litigiosidad en la jurisdicción civil, que en el conjunto de Andalucía ingresó un 3% más de casos, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017, que obedecía, sin duda, a las llamadas cláusulas suelo. En este sentido, en Córdoba se tramitaron 1.561 causas en el pasado ejercicio, aunque al final del año quedaron por resolver 5.555. 

El TSJA expone que durante 2021 "se ha consolidado el refuerzo y número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas y se ha contado con dos jueces de refuerzo en Almería, Córdoba, Huelva, Jaén, y tres en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla". "Si bien la evolución y funcionamiento es desigual, el Servicio de Inspección del CGPJ reconoce que los órganos en cuestión soportan una carga elevada, al tiempo que el rendimiento del órgano y de sus titulares y jueces de adscripción territorial son también elevados. No obstante, la capacidad resolutiva de estas estructuras organizativas es insuficiente para la cantidad de asuntos pendientes", asume el TSJA, que por tercer año consecutivo llama la atención acerca de esta materia.

El alto tribunal lamenta en este sentido el "fracaso" del procedimiento de reclamación previa, ideado en principio para evitar la litigiosidad, pues "se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos, dilatan el procedimiento y evitan soluciones consensuadas". En este sentido, vería "importante, sumamente eficiente y operativo" contar con un procedimiento administrativo previo de reclamación. 

Porque, advierte el TSJA, el problema irá a peor este año, pues han dejado de tener competencia exclusiva y excluyente para el conocimiento de los asuntos de cláusulas suelo varios juzgados andaluces, entre ellos el Primera Instancia número 11 de Córdoba.

Un 40% más de casos en la Audiencia

En cuanto a la Audiencia de Córdoba, ingresó un total de 5.811 asuntos, de los que 3.551 fueron penales, lo que supone un 42% más que el año anterior. Se resolvieron 3.535, además de 166 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. De todos los asuntos penales iniciados, el 5% corresponde a procesos en única instancia. De los 175 procesos penales en única instancia registrados, el 67% corresponde a procedimientos abreviados, el 32% a sumarios, y el 1% restante a procesos de la Ley del Jurado.

Respecto a la vía civil, para la que el TSJA propone nombrar a un nuevo magistrado, se registraron 2.260 asuntos, un 43% más que en el ejercicio anterior, y se resolvieron 1.947, un 5% más. De los 2.098 recursos civiles iniciados, el 22% corresponde a recursos sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, el 14% apelaciones de juzgados de Familia, el 15% a apelaciones de autos, el 10% a juicios verbales y el 4% a resoluciones del Mercantil.