José Luis Garrido siempre tuvo claro que sería abogado y, antes de decidir si tenía que estudiar Ciencias o Letras, ya sabía cuál sería su profesión. Influenciado por su padre, cuyo primer despacho estaba también en su padre, Garrido siempre quiso parecerse a él y por eso estudió Derecho y empezó a ejercer. "Le debo mucho, porque me dio alas y me permitió que me equivocara, que es lo que hay que hacer en Abogacía". Ahora afronta su tercer mandato al frente del Colegio de Abogados de Córdoba, que el año que viene cumple su 250 aniversario.

–¿Cómo afronta este nuevo mandato, el tercero, al frente del Colegio de Abogados?

–Con mucho trabajo por delante. Fundamentalmente estamos muy volcados en la formación del abogado y la defensa de los intereses profesionales. Ahora se avecinan ya nuevos tiempos en la Abogacía con las nuevas tecnologías en la profesión, que van a marcar un hito. Tenemos que ponerle a los compañeros los medios a su alcance para que se puedan subir en el tren de la modernidad de la Abogacía.

–¿De qué manera afecta a la Abogacía las nuevas tecnologías?

–Nos afecta de una forma importante y eso no quiere decir que sea malo. Lo que pasa es que nos tiene que obligar a acostumbrarnos a trabajar de otra forma. Con las nuevas tecnologías se pueden llevar asuntos sin conocer el despacho personalmente. Ahora se producen pleitos en masa como las cláusulas suelo, donde despachos a nivel nacional tramitan los procedimientos y las reclamaciones se hacen vía electrónica sin tener contacto físico con el cliente. Esa es la nueva era de la Abogacía y tenemos que estar preparados y poner en valor los despachos de provincias, lo que nos diferencia de esos grandes despachos y grandes empresas.

José Luis Garrido

–También afronta el próximo año un hito importante como es el 250 aniversario del Colegio de Abogados.

–Estamos trabajando en muchos aspectos para que sea un año repleto de actos conmemorativos. Llevamos ya tres años escribiendo sobre la historia de nuestro colegio. Son 250 años en los que lógicamente hay documentos históricos valiosísimos, hay multitud de personajes insignes que han estado colegiados, han pasado más de 20 decanos y cada cual ha marcado su impronta en el Colegio. Estamos elaborando un resumen para enviárselo a los colegiados para que sean conscientes de la importancia de la institución que entre todos nos hemos dado. El Colegio nace en 1769 pero nosotros manejamos también la primera ordenanza de abogados de Córdoba que es aproximadamente del 1500. Los abogados cordobeses son unos abogados que se han ganado el prestigio, se han ganado su nombre y su primera fila a nivel nacional y tenemos todos la obligación de mantenernos en ese puesto.

–Es también una gran oportunidad para acercar el Colegio a la sociedad, ¿no?

–Nosotros pretendemos estar presentes en la sociedad a través de nuestra labor en la defensa de la profesión, siempre hemos estados presente en cualquier asunto que se ha requerido y colaboramos con todas las administraciones día a día. También en el ámbito cultural el Colegio de Abogados tiene un movimiento cultural muy activo con conciertos, salas de exposiciones, libros... Creo que en el fondo lo que se pretende es que el colegio esté en el centro neurálgico de la provincia y lo hemos conseguido.

–No se ha presentado ninguna candidatura a la suya, ¿cómo lo interpreta?

–Nosotros solicitamos una continuidad para poder terminar lo que ya habíamos comenzado y los compañeros nos han dado la confianza de poder terminarlo en este tercer mandato y acabar lo que está empezado.

"Ya hay macrocausas en las que el cliente no tiene ni que ir físicamente al despacho de abogados"

–¿Quiere decir que este será su último mandato?

–En principio sí. Aunque esas cosas nunca se saben mi intención es no repetir.

–¿El turno de oficial es ahora su principal caballo de batalla?

–El turno de oficio está realmente imbricado en la Abogacía. Es un servicio público que prestan los abogados a través de sus colegios por delegación de la Administración pública. Viene siendo así desde Alfonso X El sabio, cuando ya se hablaba de la defensa de pobres. En el reinado de Isabel II también se promulgó una orden por la que en una ciudad en la que hubiera más de 20 abogados tenían que organizarse para facilitar la defensa de pobres. Creo que la labor social de la Abogacía es connatural a ella pero en el momento en el que los tiempos cambian y se trata de un servicio público como tal que se presta por parte de la Abogacía, no tiene mucho sentido que en la remuneraciones o en las cargas presupuestarias la justicia esté minusvalorada con respecto a otros servicios. No hay motivo por el que la justicia tenga que tener menos presupuesto que la sanidad o la educación, tendríamos que estar equiparados y eso no es así. Eso redunda en que los letrados que están dando ese servicio público no tienen honorarios dignos, tienen que sufragar de su propio bolsillo y por adelantado los gastos de sus procedimientos. Eso no tiene sentido, hay que solucionarlo y estamos trabajando.

–De hecho se están viendo movilizaciones en el sector judicial, algo que no era nada habitual.

–Creo que estamos llegando a una situación en la que realmente el tema es preocupante. Se pretenden poner parches sobre las heridas pero la solución de la justicia está en el dinero y, mientras no haya una decisión política de ampliar pesupuestariamente los gastos destinados a Justicia de manera significativa, no vamos a solucionar nada. Es la única administración en la que entramos en los Juzgados y todavía vemos montañas de papel, expedientes por todos sitios.

José Luis Garrido

Las ejecuciones de cualquier particular en el juzgado se eternizan y, si lo comparamos con las ejecuciones administrativas de Hacienda o Seguridad Social, todos sabemos que van a una velocidad vertiginosa. Antes de que el administrado pueda reaccionar a un posible embargo ya están bloqueadas las cuentas corrientes. Me parece muy bien cuando se trata de ejecutar deudas administrativas, pero las deudas judiciales debían tener el mismo tratamiento y, sin embargo, no se tiene porque no hay voluntad.

–¿Es una consecuencia de la crisis?

–No, es una consecuencia de la falta de presupuesto, que no hemos querido gastar el dinero necesario en digitalizar la Justicia. Por mucho que hablemos de presentación de escritos vía Lexnet lo único que hemos conseguido es autorizar a los letrados a usar Lexnet, cuando los propios juzgados tiene los expedientes sin digitalizar. Cuando se pide una copia de unas diligencias a mí me duele el alma cuando te dan unas fotocopias. Eso es muy habitual desgraciadamente. No llegamos nunca a digitalizar los expedientes, a informatizar la gestión. La situación de algunos juzgados es preocupante, sobre todo en los pueblos. El sector judicial ha sido siempre un estamento que tiene que estar presidido por la prudencia y les ha costado mucho trabajo mostrar su malestar pero, al final, lo han tenido que hacer y nosotros apoyamos lógicamente cualquier manifestación.

"El problema de la justicia es un problema de recursos y eso se solucina con voluntad política"

–También ha habido críticas a la Ciudad de la Justicia.

–El edificio es magnífico. Lo único es que está preparado para el sistema de la nueva oficina judicial, desde donde se organizaría todo el trabajo y evitar que cada juzgado tuviera su propia oficina, pero eso no se está haciendo. Así que tenemos un edificio que se hizo para una cosa y se está utilizando para otra y ese es el problema. 

–Al tiempo que el sector se manifiesta, la gente también sale a la calle por algunas decisiones judiciales. ¿Está perdiendo credibilidad la justicia?

–Yo soy una persona que, por principios, creo en la Justicia y todos debemos tener confianza ciega en ella. Creo que ni ha perdido ni va a perder credibilidad porque la Justicia se aplica por personas íntegras, honradas y trabajadoras. Si nuestra justicia no estuviera regida por los profesionales que tenemos, que se dejan la piel todos los días, funcionaría muchísimo peor. Con ratios muy superiores las exigibles tenemos juzgados de primera instancia que van al día, a costa de las horas de sueño y de ocio de los que están allí. Lo que ocurre es que en las altas esferas es verdad que estamos viviendo unos últimos tiempos en los que, quizá, determinadas instancias no están ayudando mucho a que ese sentido de credibilidad de la justicia continúe. Si a eso le unimos que los políticos siempre anhelan el poder manosear la justicia tenemos un cóctel muy peligroso. Lo que pasa en las altas esferas no tiene nada que ver con la justicia doméstica, que está gobernada por ciudadanos honrados y honestos. Yo nunca he visto que ningún juez haya sido influido ni influenciable por su color político o ideología y el día que lo vea lo denunciaré.

"Los políticos siempre han anhelado poder manosear la justicia y eso es peligroso"

–Hay casos que han sido difíciles de entender como el de la sentencia a ‘la Manada’. Hasta el Colegio de Abogados vivió la manifestación espontánea que coincidió con la sentencia y la visita del exministro Rafael Catalá.

–Ese caso se magnificó. En este país todos somos entrenadores de fútbol y abogados. Nosotros tenemos el código penal que tenemos. No podemos aplicar uno distinto y no se puede forzar. Yo leí el voto particular y la sentencia y los dos me parecen perfectamente plausibles desde el punto de vista técnico. Lo que no entiendo es que por una determinada sentencia se produzcan manifestaciones espontáneas en la calle. Yo le puedo asegurar que ninguno de los que estaba ahí fuera ese día se había leído la sentencia ni sabía qué quería decir la sentencia. Las personas juzgadas en ese caso han sido condenados a un año menos de la condena que merece un homicidio.

José Luis Garrido

No creo que el tema sea para provocar una manifestación. Ahora bien, las personas que quieren romper el sistema, que quieren provocar la duda de todas las instancias, los que piensan que nuestro sistema no es bueno, son los que provocan esa duda en los estamentos judiciales, ejecutivo y legislativos. Todo está mal hecho, todo merece un reproche, todo merece salir a la calle a indignarnos. Pues no. Yo estoy muy contento con la Constitución que tenemos, con el sistema de garantías que nos hemos dado los españoles, con todos su defectos, pero el Estado democrático y social español es garantista y yo estoy muy cómodo y muy bien en este sistema. Hay que dejar a la justicia que trabaje y que trabaje bien, aunque a veces es muy lenta.

–¿Una justicia lenta es justa?

–La justicia es muy lenta. El otro día celebré un juicio que hacía ocho años que se había puesto la denuncia. La justicia es lenta y cuando la justicia se ralentiza más de la cuenta hay un momento en que deja de ser justicia. La justicia tiene que ser ágil, rápida y eficiente y hace falta contar con medios. Si se cuenta con medios se conseguirá y eso, a su vez, solo se consigue con voluntad política.

–¿Recuerda algún caso complicado?

–Me han marcado muchos asuntos. Sin embargo, el primer asunto medianamente importante que llevé por el turno de oficio era el de una niña que acababa de cumplir 18 años y la habían pillado por tráfico de drogas en una redada. Un tío suyo, que se pensaba que todavía era menor, le puso un paquete de drogas en el brazo y, cuando llegó la Policía la detuvo y se formó una acusación contra ella. El juicio fue un año después, ella ya había tenido un niño. Llegué a la puerta de la Audiencia, yo llevaba ejerciendo muy poquito tiempo y me veía en una Audiencia con tres magistrados mayores y con mucha presión. Intenté suspender el juicio pero no pude y hubo un momento en el que estuve a punto de salir corriendo. Afortunadamente todo salió bien y quedó absuelta pero es mucha presión saber que la libertad de una persona depende de ti. A mí aquello me superaba porque sabes que es absolutamente inocente, pero estaba en el momento equivocado y había nacido en una familia equivocada.

"No he visto en mi vida un juez influido o influenciable por su ideología y, si lo veo, lo denunciaré"

–¿Y cuándo se sabe que la persona es culpable?

–Nosotros somos técnicos y lo que tenemos que ver es que el procedimiento se lleve con todas las garantías. Yo prefiero que haya diez culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Y eso ocurre, hay inocentes en prisión porque muchas veces en el tema penal damos por ciertas determinadas cosas que constitucionalmente no pueden ser. Nuestro trabajo, por tanto, es ver que el procedimiento se lleve con todas las garantías y que los condenados estén bien condenados. La Abogacía está para proteger los derechos fundamentales de las personas. El que tiene que ser condenado, que sus condenas estén bien puestas y se hayan llevado procedimientos con todas las garantías. El hecho de la culpabilidad o no es el juez el que lo tiene que decidir y está en su conciencia.