Un juez perdona una deuda de 25.000 euros a una madre de Córdoba que se arruinó por cubrir los gastos médicos de su hijo

Dos vecinas de Córdoba vuelven a respirar aliviadas tras conocer sendas sentencias judiciales basadas en la Ley de Segunda Oportunidad. Según ha informado Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en este tipo de pleitos, entre ambas resoluciones se ha logrado la cancelación de 145.072 euros.

En el primer caso, una mujer ha conseguido la cancelación de una deuda de 25.997 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos médicos de su hijo. A ello se le añade el divorcio de la deudora y la mínima aportación del padre a los gastos derivados de las necesidades del hijo. La deudora sufría inestabilidad laboral, ya que sólo conseguía trabajos temporales y con largos periodos de desempleo. En la actualidad, con los ingresos que tenía, apenas podía cubrir las necesidades básicas.

El segundo caso es el de una mujer que puede empezar una nueva vida financiera desde cero. En este caso, se trata de una vecina de Aguilar de la Frontera que tenía una deuda de 119.075 euros. Tras una separación, no pudo regularizar su situación y necesitó acogerse a este mecanismo.

Alivio económico y emocional

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de cancelar sus deudas. Ello les ofrece una serie de ventajas "muy relevantes" y les permite respirar aliviados emocionalmente. Y es que pueden salir de los listados de morosidad, como Asnef, que tanto daño les hace. Además, dejan de recibir las llamadas por parte de bancos y entidades financieras. En paralelo, pueden registran bienes futuros a su nombre y solicitar nueva financiación si lo desean.

Desde su fundación en septiembre de 2015, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Para quedar liberada de las deudas, es necesario que la persona actúe de buena fe, aportando la documentación requerida, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que no haya sido condenada por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.