Los jueces de Córdoba son los que más secundan la huelga de toda Andalucía

La Administración de Justicia quedó ayer prácticamente paralizada en la provincia. Más de la mitad de los miembros de la carrera judicial de Córdoba -en concreto, el 53,7%- secundaron la primera huelga convocada en el sector durante la democracia, lo que convirtió la protesta en un "rotundo éxito", en palabras del portavoz de la asamblea convocante, Félix Degayón. La protesta obligó a cerrar la mayoría de salas de vistas y vació los pasillos, llenos de ciudadanos como cualquier miércoles ordinario. Córdoba fue, de hecho, la provincia andaluza donde esta imagen anómala fue más pronunciada, pues según la estadística facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los togados cordobeses fueron quienes más apoyaron la protesta.

En total, decidieron parar 29 de los 54 titulares de la provincia, lo que contrasta con el tímido seguimiento de la huelga en provincias como Jaén, donde sólo el 4,3% de los profesionales se sumó a la protesta. En Sevilla, donde el caso Mari Luz precipitó las denuncias sobre el estado de colapso de los tribunales, la huelga tuvo un seguimiento del 24%, un porcentaje similar al de Cádiz. Sólo Málaga, con la mitad de los jueces fuera de su despacho, se acercó al seguimiento de Córdoba, según los datos del TSJA.

La unidad entre los jueces de la provincia quedó reflejada a mediodía en la Audiencia Provincial, durante el acto de lectura del comunicado. Allí se concentraron profesionales que secundaban la huelga y otros que, aunque formalmente se encontraban de servicio, decidieron apoyar las reivindicaciones. De hecho, fue el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, el magistrado Antonio Puebla Povedano, quien a pesar de no ser partidario del paro dio voz a toda la carrera judicial "en defensa de la dignidad, independencia y eficacia de la función jurisdiccional".

Los profesionales mostraron su "gran preocupación" por la "carencia de medios humanos y materiales" que desde hace décadas padece la Justicia y subrayaron que los esfuerzos realizados por las administraciones públicas se han demostrado "claramente insuficientes". La consecuencia es que, "por regla general, la función jurisdiccional se desenvuelve en condiciones precarias y poco decorosas" tanto para los profesionales como para los ciudadanos. En estas circunstancias, por tanto, "no se puede prestar un servicio público acorde a la calidad y rapidez que la sociedad moderna demanda", siguió el comunicado.

Entre las reivindicaciones planteadas por la carrera judicial, se encuentra la "efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real". Los magistrados exigieron al Ministerio la homologación a las medias europeas de las ratios de jueces por habitante y el compromiso de que "de manera inmediata" se articule un plan de ejecución en un plazo máximo de cinco años para que España pase de una ratio de 10,1 jueces por 100.000 habitantes a 19,8. La intención es "desechar cuanto antes el recurso a las suplencias con jueces no profesionales", como ahora ocurre.

Todo esto, obligatoriamente, tendría que ir acompañado con el incremento en el próximo lustro de la partida presupuestaria para la Justicia de acuerdo a la media europea, lo que implicaría aumentar del actual 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al 3,5%. Los jueces también insistieron en la necesidad de mejorar la preparación de los funcionarios de la oficina judicial, para que quienes acceden "procedan de los cuerpos oficiales". Esto conllevaría "desterrar, en los casos de suplencias o sustituciones, la práctica de elegir personas de bolsas de trabajo, sin preparación o experiencia alguna".

El objetivo final de toda esta inversión no sería otro que la instauración de la nueva oficina judicial, un proyecto que se encuentra sobre la mesa del Ministerio desde hace años pero que ha dado muy pocos pasos. La nueva oficina requerirá una compleja reforma estructural de la Administración de Justicia, con numerosos cambios normativos, plantillas más amplias de trabajadores e infraestructuras más modernas. Entre otros cambios, incluirá "una clara delimitación de las funciones y responsabilidades que corresponden a los jueces y secretarios" y la atribución a los magistrados del control de la agenda de señalamientos como parte de la organización de su propio trabajo y "condición material de la independencia judicial". La lectura del comunicado finalizó con una llamada de atención: nuevas medidas de protesta "si en un plazo razonable no se atienden las reivindicaciones".

El seguimiento desigual de la huelga entre los magistrados de la Audiencia -sólo pararon dos profesionales de diez- y los responsables de órganos unipersonales -dejaron de trabajar el 70% de los jueces- dejó en evidencia la sobrecarga de trabajo que soportan estos últimos frente a los primeros. Aún así, la mayoría de integrantes de órganos colegiados ocupó las primeras filas durante la lectura del manifiesto del mediodía, haciendo suya de esta manera todas las reivindicaciones. También se sumaron a este acto jueces que, como el titular del Penal número 3, decidió celebrar vistas orales, así como un nutrido grupo de secretarios y fiscales, entre los que se encontraban el coordinador de la sección de Violencia sobre la Mujer, Borja Jiménez, o la coordinadora de la sección de Medio Ambiente, Consuelo Fidalgo.

El paro dejó un escaso rosario de incidencias. En total, estaba previsto que ayer se celebraran 142 vistas y diligencias en toda la provincia, de las que 80 siguieron adelante y 62 se suspendieron. De estas, sólo 18 se cancelaron sobre la marcha, mientras que 44 se habían suprimido con anterioridad para evitar problemas a los ciudadanos. El presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, contabilizó incidencias en nueve órganos de toda la provincia: cuatro primeras instancia de la capital, el Penal número 5 y órganos de instrucción de Aguilar de la Frontera, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo y Posadas. Baena reconoció el esfuerzo de los jueces, apeló a su "prudencia y responsabilidad" y admitió que la "mayoría" permanecieron en sus despachos para cubrir los servicios mínimos.

Por su parte, el juez decano, Luis Rabasa, mostró su satisfacción por el seguimiento de la convocatoria, que "superó" las expectativas iniciales y que demuestra que "la carrera judicial está unida en las reivindicaciones". Rabasa defendió el derecho a la huelga de los jueces como el de "cualquier trabajador" y abogó por "seguir con las reivindicaciones marcadas por la Comisión Interasociativa Permanente" para mejorar la Administración de Justicia.