El jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios del Ayuntamiento de Córdoba, que está siendo investigado en un juzgado por presuntas irregularidades una serie de contratos y sobre el que el gobierno municipal ha puesto en duda 200 facturas de menos de 500 euros, ha denunciado ser víctima de agravio e indefensión al no haber sido preguntado en este procedimiento.

La Junta de Gobierno Local acordó la pasada semana encargar a la Asesoría Jurídica la apertura de diligencias previas para investigar las posibles irregularidades en 200 facturas de menos de 500 euros emitidas en septiembre pasado sobre la que "existen serias dudas de que la prestación del servicio se hubiera llevado a cabo en los términos licitados", según señaló entonces el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez.

El funcionario, en un escrito remitido este pasado martes al Ayuntamiento y al que ha tenido acceso EFE, se queja de que se haya hecho público el informe de la Dirección General de Infraestructuras "donde se pone en duda mi trabajo y profesionalidad, quedando en una total indefensión, cuando se me ha consultado por otros expedientes estando de baja laboral, con toda mi colaboración”.

El trabajador, que se mantiene en situación de baja, se pone, en todo caso, "a disposición del Ayuntamiento y del personal competente para colaborar y clarificar cualquier aspecto en la investigación, y en la que esta parte haya podido intervenir, de la misma manera que me he puesto a disposición de la Policía Nacional para colaborar en todo aquello que necesiten".

El jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios se encuentra como investigado en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba por las presuntas irregularidades detectadas, en un principio, en veinticinco contratos de suministros y obras, por una denuncia de la Fiscalía, ante la que los grupos de IU y Podemos pusieron los hechos en su conocimiento, ya que el juez ha ampliado a otros expedientes las pesquisas.

Junto a él, está investigada la que hasta la apertura del caso era coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno Martínez, un cargo de confianza del entonces teniente de alcalde, David Dorado, que primero fue relevado de su responsabilidad en el gobierno municipal y, finalmente, apartado del Grupo Municipal de Ciudadanos, por lo que ahora es concejal no adscrito.

Por otra denuncia de Dorado, relativa a presuntas irregularidades en contratos realizados por el Área de Infraestructuras entre 2012 y 2020, años en los que presidieron IU y PSOE el Ayuntamiento, aunque esta responsabilidad siempre estuvo en manos de los primeros, se siguen diligencias en el Juzgado de Instrucción número 2, donde su titular ha señalado como investigados a nueve personas, entre técnicos municipales y responsables de seis empresas que supuestamente se habrían beneficiado de las anomalías.