Las administraciones públicas también sufren la morosidad de sus inquilinos. La empresa municipal de viviendas (Vimcorsa) cerró el año 2017 con una deuda de 1,8 millones de euros precisamente por los impagos del alquiler. De esta cantidad, Vimcorsa ha contabilizado 188.858 euros como de dudoso cobro, una cantidad que se ha reducido con respecto al año anterior, cuando se provisionaron 289.276 euros, según se desprende del cierre de cuentas del organismo que se aprobó ayer. Esto se debe, en primer lugar, a que este año ha concurrido un "número significativo" de familias a las ayudas al alquiler que otorga la Junta y de Andalucía y éstas aún no se han resuelto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Vimcorsa ha empezado a denunciar los casos de impagos en los que se certifica que no hay problemas económicos ni sociales y en los que la picaresca es la causa de no abonar el recibo cada mes. La empresa municipal ha iniciado ya 53 procedimientos, de los que ya ha obtenido algunas sentencias favorables, según explicó el gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez. En otros casos, el propio inicio del proceso ejerce de efecto disuasorio y hace que las familias paguen.

La morosidad afecta aproximadamente al 32% del total del parque de viviendas que Vimcorsa tiene arrendadas, lo que supone aproximadamente que unas 300 familias no abonan regularmente las mensualidades. No se trata de impagos puntuales, sino que se empieza a considerar morosidad cuando las familias están al menos cuatro o cinco meses sin hacer frente al pago. La empresa pública cuenta con 981 pisos adjudicados en régimen de alquiler en los que se paga de media unos 220 euros mensuales, según explicó el gerente del organismo, Rafael Ibáñez. La cantidad se fija en función de los ingresos sociales de los beneficiarios y de la tipología de vivienda, por lo que en algunos casos la cuota mensual se sitúa en torno a los 60 o los 90 euros. Sin embargo, no todas las familias hacen frente al pago periódico de este recibo.

Vimcorsa ha detectado varios casos. En las situaciones en las que se adeuda los pagos a la comunidad, la empresa pública ofrece la posibilidad de realizar trabajos de limpieza o reparación de las zonas comunes para suplir la deuda. También se cuenta con un equipo de intervención social que analiza las necesidades de las familias. En los supuestos en los que los impagos se producen por la propia crisis, Vimcorsa renegocia la mensualidad y la rebaja de manera temporal hasta que se vuelvan a equilibrar los ingresos de la unidad familiar. Sólo en los supuestos en los que se detecta que no hay problemas económicos y, además, hay conductas "incívicas" ya que se niegan a ser valorados por los equipos de intervención es cuando se inicia el proceso judicial, explicó Ibáñez.

Vimcorsa, por otra parte, no aprobó ayer finalmente el registro de ofertantes de vivienda, algo que se retrasará al 11 de abril.