Los tres acusados por la supuesta comisión de malos tratos y abusos sexuales a discapacitados psíquicos de la residencia regentada por la congregación de la Cruz Blanca defendieron ayer su inocencia ante el juez. Después de una instrucción complejísima por la dificultad para obtener los testimonios de las víctimas, el exresponsable de la orden en Córdoba -el hermano Manuel Ortiz-, otro franciscano y un excuidador del turno de noche se sentaron en el banquillo para dar su versión de los hechos, testimonios que tuvieron lugar a puerta cerrada por petición de la Fiscalía y de la acusación particular de dos de los incapaces, representados por la Sociedad Cordobesa de Tutela. Las otras acusaciones particulares se retiraron de la causa al finalizar la instrucción tras solicitar la absolución de los acusados.

Al término de la primera sesión de la vista oral, que se prolongó durante seis horas, el abogado defensor del extrabajador procesado, Luis Roldán, afirmó que el hermano Manolo testificó que cree que fue "el ánimo de venganza" lo que motivó la denuncia que dio lugar al proceso. Según especificó, se trataría de una "venganza" por parte de algunos trabajadores con los que el religioso tuvo "puntualmente" algún "problema". El principal acusado podría haberse creado "un grupo de enemigos" y, por tanto, los otros imputados se podrían haber visto "perjudicados" al posicionarse del lado de Ortiz.

Aparte de los acusados, por la sala de vistas pasó una decena de testigos, con opiniones contrapuestas. Unos se habrían mostrado "a favor" de los acusados, entre ellos el que fuera director del centro, mientras que otros lo habrían hecho en contra. Durante las declaraciones, los testigos hicieron hincapié en que los disminuidos psíquicos son a veces "niños grandes", con los que es "muy complicado" trabajar y a los que, en ocasiones, "recriminarles algo puede generar incluso un ataque". Entre los testigos, se encontraría uno protegido con "interés manifiesto", según el letrado, quien sostuvo que la familia que iría contra el principal acusado habría iniciado "una historia sin prueba ni fundamento", motivo por el que su cliente mostró su "indignación e incredulidad" por estar acusado. Otro testigo realizó una declaración "absolutamente exculpatoria".

El abogado defensor del hermano Manolo, Emilio Zegrí, reiteró que los acusados negaron "todas y cada una de las imputaciones", mientras que las declaraciones testificales transcurrieron "con total normalidad". El religioso declinó hacer alguna manifestación ante los medios de comunicación. El abogado de la Sociedad Cordobesa de Tutela, José Manuel Expósito, no quiso valorar las declaraciones de ayer al quedar aún varias sesiones. Expósito avanzó que hoy declararán los afectados, que lo harán desde una sala a través de videoconferencia.

El hermano Manolo, que dirigió la residencia hasta 2010, se enfrenta a una pena de 20 años y seis meses de cárcel. El Ministerio Público, en concreto, lo acusa de la supuesta comisión de diez delitos de maltrato y tres de abusos sexuales, al tiempo que también acusa de abusos sexuales a otro franciscano y a un excuidador nocturno, que se enfrentan, respectivamente, a tres y seis años de prisión, respectivamente. Según el relato provisional de acusación, entre 2007 y 2010 el hermano Manuel Ortiz habría utilizado un "rigor innecesario" a la hora de corregir las conductas de los residentes, a quienes habría agredido "de forma habitual". Se habrían producido guantazos, tirones de pelo y diversos golpes. El fiscal también describe en su escrito tocamientos a algunos residentes y apunta que "a todas sus víctimas les decía que tales hechos eran un juego y les aleccionaba de que si decían algo los echaría del centro". La causa se abrió en 2009 tras una denuncia anónima ante la Policía Nacional y la propia Fiscalía.

El juzgado de lo Penal número 3 ya condenó en junio de 2010 a cinco años de cárcel a un voluntario y aspirante a entrar en la congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Córdoba por cometer tres delitos de abusos sexuales a un interno que padecía un 86% de minusvalía. El condenado asumió los hechos con un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, lo que evitó la celebración de la vista oral.