La vuelta de las vacaciones ha cogido de improvisto a algunos centros educativos de la capital. Es el caso de la guardería San Rafael, un centro concertado con la Junta de Andalucía en la barrio de La Magdalena en el que los padres encontraron el lunes un panorama bastante distinto al que se esperaban, según denunciaron ayer algunos de los afectados. Aulas a medio pintar, suelos llenos de suciedad y trabajos de última hora fue lo que les recibió, y los padres se encontraron ante la imposibilidad de dejar a sus hijos en el centro.

En teoría, esta semana los alumnos debían comenzar con los horarios de adaptación, "aunque no ha podido ser así", según explicó ayer Marina, una de las madres afectadas. La dirección de la guardería ofreció entonces a las familias afectadas la opción de dejar a los alumnos en un aula adaptada con una cuidadora provisional, "pero nos hemos negado", dijo Marina. Las razones argumentadas fueron las malas condiciones en la que se encuentra el edificio "sobre todo en lo que se refiere a suciedad" y porque la profesora que va a estar a su cargo "no es la que les va a acompañar durante todo el curso".

Así las cosas, y según denunciaron los padres, la dirección de la guardería les ha emplazado al próximo viernes para explicarles el horario que van a seguir en el centro a partir del próximo día 9 de septiembre. Esto quiere decir que los niños comenzarán el inicio del curso con una semana de retraso según lo establecido en el calendario lectivo.

La red de guarderías públicas -integradas por 140 centros- ofrece hasta mediados de este mes un horario de adaptación y los pequeños permanecen un par de horas. Si esta situación ya es considerada molesta por los padres porque "no contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar", este retraso suma además un nuevo argumento para los usuarios de esta escuela.

Los centros escolares de este tipo que hay en Córdoba ofrecen durante este curso un total de 6.660 plazas y, hasta la fecha, ya se han matriculado 6.349 niños, un 22% más respecto al año pasado según los datos facilitados por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. En cualquier caso, se necesitan muchas más puestos ya que en este curso escolar se han quedado fuera alrededor de 1.500 familias que tendrán que buscar una plaza en la iniciativa privada.