Primer Estado de Alarma por el coronavirus

El Gobierno devuelve las multas cobradas en Córdoba durante el confinamiento de 2020

  • Del 14 de marzo al 21 de junio del primer año del covid se incoaron unos 15.000 expedientes en la provincia

  • A los que pagaron la sanción se les devolverá de oficio y en cuenta bancaria y a a los que no, ya se les archiva

Un agente de la Policía Nacional, en un control de restricciones de movilidad.

Un agente de la Policía Nacional, en un control de restricciones de movilidad. / Efe

Sin necesidad de tener que realizar trámite alguno, de oficio y en cuenta bancaria. Bajo este procedimiento, que no puede ser más simple, los cordobeses sancionados durante el confinamiento del primer estado de alarma decretado por el Gobierno para intentar contrarrestar la devastadora irrupción de la pandemia del coronavirus ya están recibiendo la devolución del importe abonado por aquellas multas. Además, quienes en su momento decidieron no pagar, ya han empezado a ver archivado el expediente correspondiente.

Así lo han apuntado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que del mismo modo cifran en torno a 15.000 los expedientes sancionadores incoados entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2022, periodo durante el que se extendió el primer estado de alarma. Durante esos más de cien días, los cordobeses convivieron con duras restricciones de movilidad que, en caso de quebrantarse, dieron lugar a esas multas que, no siempre, fueron tramitadas.

Pero ahora, año y medio después, aquellos procedimientos han quedado en nada, tanto si se pagó como si no el importe de la sanción. En el primer caso, a las personas sancionadas se les está requiriendo un número de cuenta para hacerles la devolución del importe abonado; en el segundo, la propia Subdelegación ya lleva meses comunicando a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) la revocación de los procedimientos sancionados abiertos en su momento. Ante estas resoluciones es posible interponer un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior en el plazo de un mes.

En aquellos meses de confinamiento estricto se podía sancionar si se estaba en la calle sin motivo justificado, dado que la totalidad de la población quedó confinada en sus domicilios, lo que dio la bienvenida al teletrabajo o las clases online; solo aquellos cuya actividad se consideró esencial, estaban exentos de esas medidas... y libres de ser multados.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional anuló por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco el confinamiento domiciliario que incluía el decreto del primer estado de alarma, lo que dejó en el aire las multas impuestas durante ese periodo. Finalmente, las sanciones cobradas se devolverán de oficio, mientras que las no abonadas, pasarán a ser revocadas.

La decisión del Constitucional llegó tras un intenso debate. Se estimó parcialmente el recurso de Vox y declararon inconstitucionales varios preceptos del real decreto del 14 de marzo de 2020 con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez implantó el estado de alarma para combatir la pandemia.

Entre el 14 de marzo y el 20 de junio se impusieron casi 1,2 millones de multas, recuerda Efe. De ellas, alrededor de 15.000 en la provincia de Córdoba. La resolución del Constitucional en julio excluyó la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que la sentencia entendía que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar las medidas decretadas en ese primer estado de alarma y que  la inconstitucionalidad decretada en principio no sería título suficiente para fundamentar una reclamación patrimonial ante la Administración.

El Constitucional, en su sentencia, no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas al entender que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales y que debería haber acudido al estado de excepción, que está sujeto a un mayor control parlamentario, dado que debe ser autorizado previamente por el Congreso de los Diputados.

Durante esos meses hubo controles tanto en las calles como en los puntos más sensibles de acceso y salida de los núcleos urbanos de la provincia. Tras las restricciones más duras, se procedió a un proceso de desescalada, en el que también había horarios en los que no estaba permitida la libre circulación de los cordobeses, limitaciones en cuanto a la apertura de establecimientos y cierre de espacios públicos.

Esa progresiva desescalada finalizó con la denominada nueva normalidad, que se mantiene ya que desde que se dio por superada la primera oleada de contagios Córdoba ha sufrido otras cinco, la última, la actual, protagonizada por la variante ómicrom, que ha provocado una explosión de contagios que, pese a todo, no ha tenido reflejo (al menos de momento) en la presión asistencial y el número de fallecidos. De ahí que volver a algún tipo de limitaciones no entra por ahora en la cabeza del Ejecutivo, ni el central ni el andaluz, que optan por medidas más laxas.

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