Los funcionarios requisan más de 20 móviles en el interior de la prisión

Sustancias estupefacientes, utensilios para fabricar armas blancas e incluso teléfonos móviles. El aumento de la población penitenciaria en los últimos años y la dificultad de controlar todos los movimientos de los reos por parte de los funcionarios han hecho que los reclusos barra coto libre para traficar con sustancias estupefacientes o para introducir terminales móviles para hablar con sus familiares. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, los funcionarios cazaron a 23 internos entre 2005 y 2008 en la cárcel de Alcolea con teléfonos en su poder, un hecho que está prohibido y sancionado por Instituciones Penitenciarias.

La popularización de los móviles ha obligado a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios a desarrollar un sexto sentido para evitar la introducción de los aparatos en la cárcel, a pesar de que los inhibidores instalados en el centro impiden su correcta utilización. Quienes se atreven a introducir un móvil en la prisión lo hacen fundamentalmente mediante dos sistemas, detallaron fuentes del centro penitenciario.

En la mayoría de las ocasiones, los reclusos aprovechan las visitas de los familiares o los vis a vis. El hecho de que la mayoría de los equipos de telefonía tengan componentes de plástico dificulta que se dispare la alarma cuando la persona pasa por el arco detector de metales. El segundo sistema descubierto por los funcionarios es igual de rudimentario: los presos que regresan de disfrutar de algún permiso se introducen los componentes en el organismo. La presencia de enchufes en las celdas y el hecho de que se pueda recargar el saldo son facilidades añadidas para la utilización de la telefonía móvil por parte de los reclusos.

La estadística de Instituciones Penitenciarias detalla que en 2005 se hallaron cuatro terminales en la prisión, tres en 2006 y un total de 12 al año siguiente. En 2008, a falta de actualizar la estadística, los funcionarios se incautaron sólo de cuatro aparatos. La cifra es elevada si se tiene en cuenta que a lo largo de esos cuatro años en Jaén, por ejemplo, sólo se detectaron tres casos, cuatro en Huelva y sólo uno en el centro de Ibiza. En otras prisiones españolas, sin embargo, el problema es mucho más abultado: en Málaga los trabajadores se incautaron de 172 terminales desde 2004 y en Valladolid, de 201 en el mismo periodo.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias difundió la instalación de inhibidores después de que los jueces constataran que maltratadores internos en varias cárceles habían utilizado el móvil para amenazar a las víctimas mientras cumplían condena. Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron que, cuando se encuentra una terminal en la prisión se abre una investigación para averiguar la procedencia y el uso que el reo ha hecho del aparato. La sanción depende del resultado de la investigación. Según la Guardia Civil, algunos presos llegan a pagar cantidades importante de dinero por tener acceso a un móvil, lo que multiplica las variadas facetas de la picaresca.