Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia de Córdoba han continuado este lunes con sus movilizaciones con una caravana de vehículos que ha recorrido diversas calles y avenida de la capital cordobesa durante toda la mañana a la espera de la reunión que este martes mantendrá el comité de huelga con el Ministerio sobre las mejoras retributivas que corresponden a este colectivo -que representa el 93% del personal del conjunto de la Administración de Justicia- por las funciones que tradicionalmente realiza y que no les son reconocidas.

Tras casi dos meses de movilizaciones, el colectivo –encabezado por CSIF como organización sindical mayoritaria- ha conseguido que el departamento que dirige Pilar Llop haya accedido a sentarse a mejoras salariales a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de nuestro país, 9.000 de los cuales se encuentran en la comunidad andaluza y unos 750 en Córdoba.

De este modo, tanto lunes como martes continúa convocada la huelga indefinida que se inició el pasado 22 de mayo, así como distintas movilizaciones y asambleas informativas para trasladar la realidad de este conflicto, que continúa plenamente vigente hasta tanto se conozca el resultado de la reunión prevista para mañana en la sede del Ministerio, que inicialmente preveía no recibir al comité de huelga escudándose en la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, si bien finalmente se ha visto abocado a reunirse con los representantes del colectivo afectado.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, ha lamentado que los trabajadores y trabajadoras afectados “están siendo tratados como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos”, y ha recordado que “llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, de forma que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”, ha argumentado.

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar.

En concreto, reivindican una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto Complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de un millón juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. CSIF lamenta los perjuicios e inconvenientes causados a la ciudadanía, si bien subraya que el único responsable es el Ministerio.

Por su parte, el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba, ha remarcado que “la ministra tiene mañana una ocasión excepcional para dar un paso hacia la resolución de un conflicto que va a tener un enorme coste no solo para las personas trabajadoras sino también, y por desgracia, para la ciudadanía”.