El juicio con jurado contra el falso cura, en prisión provisional, y el abogado acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un hombre de unos 45 años y con enfermedad mental, en la aldea cordobesa de La Chica Carlota en septiembre de 2017 se celebrará del 13 al 20 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba, aunque la constitución del jurado tendrá lugar el lunes 6 de junio, cuando estaba programado el inicio. Ambos se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han detallado que las sesiones serán en horario de mañana y tarde, incluyendo la posibilidad de celebrar el sábado 18 de junio, teniendo en cuenta que el 26 de junio "es la fecha tope cuando habría que poner en libertad" al acusado en prisión provisional.

El nuevo calendario se ha fijado después de que el abogado procesado haya renunciado a su defensa y se haya designado a un letrado del turno de oficio, que ha solicitado la suspensión del inicio del juicio para conocer la causa.

Desde la familia de Juan Carlos han lamentado que se trata de "una medida estratégica dilatoria para que acabe en la calle" el presunto asesino y que "no haya nada, al huir del país", subrayando que "es la primera causa en la que se pide prisión permanente revisable en Córdoba".

Según recoge el auto de hechos justiciables, "el riesgo de fuga u ocultación resulta altísimo" por parte del procesado en prisión provisional, por lo que "se estima conveniente la pronta celebración del juicio para que, en caso de que se produzca una sentencia condenatoria, pueda mantenerse hasta la mitad de la pena impuesta dicha medida, como legalmente es posible, o bien su inmediata puesta en libertad en el supuesto contrario", todo ello ante "sus antecedentes y el hecho mismo de que se sometió a una operación de cirugía estética" tras los hechos que se juzgarán.

Como hechos justiciables señala "la muerte violenta llevada a cabo de forma intencionada" por el acusado preso de Juan Carlos, ocurrida en su domicilio de la aldea de La Chica Carlota, "en hora no determinada entre las 14,00 del día 3 y las 17,00 horas del 5 de septiembre de 2017, "con la connivencia del otro acusado, prevaliéndose de la enfermedad mental de la víctima, que padecía esquizofrenia paranoide".

"Dicho acto fue llevado a cabo para facilitar la impunidad del hecho siguiente, una vez que el fallecido tuvo contacto con otro abogado", indica el auto, que apunta a "la entrega sucesiva de varias sumas de dinero, que en total ascienden a 9.700 euros entre los días 1 de marzo y 12 de junio de 2017, bajo engaño" que el letrado procesado "urdió, para conseguir de Juan Carlos dicha entrega, fingiendo la realización de un determinado encargo profesional y prevaliéndose de su crédito profesional".

Al respecto, se indica "la participación activa del otro acusado, que desempeñó el papel del 'investigador' que habría de colaborar en la interposición de una denuncia o querella por los abusos sexuales que dijo haber sufrido hacía algún tiempo".

Asimismo, advierte de "la sustracción, consecutiva a la muerte de la víctima, de determinados objetos personales, vehículo y documentación de ésta"; "el apoderamiento mediante el uso de tarjetas bancarias de un total de 37.337 euros", realizando distintas operaciones, como extracciones en cajero automático, la compra de determinadas herramientas con las que "hace desaparecer el cuerpo de Juan Carlos en una ferretería" y la obtención de un préstamo, entre otras.

Igualmente, se cita "la frecuente utilización de la documentación de Juan Carlos, por quien el acusado preso se hacía pasar, tanto para las operaciones anteriores como para eludir responsabilidades o justificar el uso del vehículo sustraído", y "la falsedad documental, atribuyendo a la víctima la condición de sujeto contractual en el préstamo concertado con una entidad por 30.000 euros". "FECHA TOPE", 26 DE JUNIO

En relación con la celebración del juicio, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, manifestó hace unas semanas que esperaba que el juicio se celebrase antes del 26 de junio, "que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad" al acusado en prisión provisional.