¿En qué fallamos desde el sistema educativo al explicar lo que supuso el franquismo?

El artículo 27.2 de la Constitución española de 1978 establece como objetivo prioritario del sistema educativo, desde la etapa infantil a la universitaria, lo siguiente: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pues algo debemos estar haciendo estrepitosamente mal desde la comunidad educativa, dado que 47 años después de la entrada en vigor del texto constitucional, según un estudio del CIS, más del 21% de la población española estima que el periodo de la dictadura franquista fue bueno o muy bueno. Y esa preocupación se acentúa cuando comprobamos como esta visión del pasado reciente permea en las nuevas generaciones, nuestro alumnado incluido, que tienen como primera opción electoral a formaciones populistas radicales.

No nos ayudan a los docentes en esta labor los mensajes que transmiten algunos destacados representantes políticos. Esperanza Aguirre, el pasado mes de junio, afirmó en una entrevista: “No creo que fuera mejor el franquismo que la II República española en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor”. Por supuesto que la señora Aguirre, en uso de su libertad expresión, tiene todo el derecho de exponer sus opiniones sobre la historia de España del siglo XX. Sin embargo, entiendo que sí es preocupante que, en gran medida, ese sea el “relato oficial” asumido explícita o implícitamente por la mayoría de las fuerzas políticas, medios de comunicación, academia y sociedad civil de nuestro país que se sitúa en el arco ideológico que va del centro-derecha a la ultraderecha.

La idea fuerza es que la II República era un régimen caótico y violento que llevaba irremediablemente a una revolución comunista, y que el golpe de Estado, la guerra civil y la represión franquista de posguerra fueron una terapia de choque en la que se admite que se cometieron desmanes, pero imprescindible para evitar el mal mayor de ver España desgajada por el independentismo y sometida a una dictadura estalinista. Todo ello con la ventaja adicional de que la “visión estratégica” de Franco le ahorró a España la 2ª Guerra Mundial. Una vez pasado este mal trago inicial, a partir de finales de los años 50, el país entró en una etapa de modernización y crecimiento económico, con apenas un par de “anécdotas represivas”, que lo dejó preparado para una transición pacífica a la democracia. Es totalmente respetable que una parte relevante de nuestra sociedad crea que esto fue así, el problema reside en que la realidad histórica es otra.

Los años 30 fueron un periodo muy convulso en toda Europa, y España no fue una excepción. Pero decir que el sistema constitucional republicano español era un pronunciado tobogán hacia una dictadura comunista es simplemente falso. Podemos señalar tres datos objetivos a modo de ejemplo que lo refutan. Primero, en la práctica totalidad del periodo en el que se desarrolló la II República sin conflicto armado (1931-1936) la Jefatura del Estado (Presidencia de la República) la ocupó Niceto Alcalá-Zamora, un señor de centroderecha que no podía estar más alejado del perfil de bolchevique revolucionario. Segundo, en la mayor parte de ese periodo (1933-1936), los gobiernos fueron conservadores. Tercero, en el principal episodio de violencia política de esa etapa, la conocida como “revolución de Asturias” de 1934, las víctimas fueron mayoritariamente personas trabajadoras de ideología progresista a manos de las fuerzas de seguridad y del ejército de la República.

Tal como no les queda más remedio que reconocer incluso a los más acérrimos defensores de la señalada interpretación histórica, la represión desplegada por las fuerzas que apoyaron el golpe de Estado durante la guerra civil y las instituciones franquistas en la posguerra fue de dimensiones apocalípticas. Algunas estimaciones cifran en 160.000 los muertos y en 100.000 los desparecidos tan solo entre 1936 y 1945, sin contar los cientos de miles de personas encarceladas o abocadas al exilio. Y no es cierto que la práctica totalidad de esas víctimas fueran elementos subversivos violentos y peligrosos. No podemos olvidar que la mayoría de las víctimas fueron personas sencillas, que en no pocos casos ni siquiera tenían una militancia política activa relevante. En nuestra propia provincia se produjeron muchos de estos episodios, que dieron lugar a algunas tristemente icónicas imágenes, como la de las mujeres rapadas de Montilla.

Pero es que la persecución de la dictadura respecto a los sectores sociales que consideraba indeseables ni mucho menos terminó tras el periodo de posguerra. El aparato represor franquista se mantuvo activo durante toda esa etapa negra de nuestra historia. De hecho, alguna de las instituciones que lo integraban sobrevivieron a Franco hasta diez años, ya en plena democracia. Me refiero al siniestro Patronato de protección de la mujer, que siguió actuando hasta el año 1985. Este organismo, gestionado por congregaciones religiosas femeninas católicas, tenía como objetivo “reeducar” a las mujeres “descarriadas” que no se ajustaban al modelo nacional-católico de mujer decente y virtuosa. Mujeres con orientación o identidad sexual no normativa, con una conducta sexual más libre de lo permitido, madres solteras o “rebeldes” en general, muchas de ellas menores de edad, eran privadas de libertad en los centros del patronato y sometidas a malos tratos físicos y psíquicos, a tratamientos médico-psiquiátricos “experimentales” acientíficos, a trabajos forzados, a la sustracción de sus hijos y a una exclusión/estigma social de por vida una vez eran liberadas.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar con rigor académico que NO, que la dictadura del general Franco no fue una etapa histórica que merezca una valoración positiva, ni siquiera condescendiente. El franquismo fue un régimen autoritario represor de ideología totalitaria que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos de principio fin. Y, por mandato constitucional, es nuestra obligación como docentes de la enseñanza pública transmitir esa realidad histórica. El futuro de nuestra democracia en parte va en ello.