El exalcalde de Nueva Carteya va hoy a juicio acusado de un delito de prevaricación

El exalcalde de Nueva Carteya, Antonio Ramírez, del PSOE, se sentará hoy en el banquillo acusado de un delito de prevaricación continuada por diferentes pagos realizados entre 1999 y 2007 contra las advertencias legales de la intervención municipal. La acusación particular, ejercida por el actual regidor, Vicente Tapia, de IU, solicita nueve años de inhabilitación para su antecesor, mientras que la Fiscalía considera que los hechos por los que se le acusa no son constitutivos de delito.

La acusación particular recoge en su escrito que el exalcalde ordenó "multitud de pagos de créditos que ostentaban terceros contra el Ayuntamiento, sin estar previamente reconocidos ni existir consignación presupuestaria y haciendo caso omiso a los reiterados reparos del interventor municipal". El actual alcalde, que sostiene que Rodríguez Moyano actuó "de manera contumaz y contraria a la legalidad", también pone en entredicho la ejecución de obras municipales no previstas como inversiones en el presupuesto y que se hicieron "ignorando las normas de contratación pública". En este paquete entrarían la remodelación del parque público, la réplica de la leona ibérica, el monumento al jornalero, arreglos de caminos, diversas remodelaciones de calles y trabajos para la mejora de infraestructuras municipales.

Un tercer grupo de supuestas irregularidades se referiría al abono de pagos por la realización de trabajos refereridos a dependencias de particulares. A IU le "consta", en concreto, un estudio de infografía en la antigua cooperativa vitivinícola. La factura ascendió a 2.160 euros, que el Consistorio asumió pese a que iba destinado a "usos ajenos a la función pública".

La acusación, por otra parte, enumera otros nueve pagos que considera sospechosos y que se refieren a "diferentes eventos o actividades". En este grupo se incluyen los 2.070 euros que costaron las I Jornadas de la Real Academia de Córdoba sobre Nueva Carteya, el XXI Maratón de Fútbol Sala, que costó 3.398 euros, facturas que superan los 2.700 euros por el certamen de bandas de música o la meta volante de la 50 Vuelta Ciclista a Andalucía. El informe recoge otros dos paquetes de supuestas irregularidades: uno se refiere a pagos ordenados por el suministro de diferentes servicios y materiales -de obra, transporte o equipos de sonido- y el último a facturas relativas a entidades públicas.

Según relata el Ministerio Público en su informe provisional, Ramírez Moyano ordenó durante sus años en la Alcaldía "diversos pagos con el reparo del secretario interventor". Dichas operaciones, "en cumplimiento de la legalidad vigente, fueron elevados al Pleno, donde fueron puestos de manifiesto a los querellantes". Las diversas contrataciones de obras y servicios, según el Ministerio Público, siguieron "el trámite legalmente establecido, con salvedades en cuanto a actos que no están sometidos a la Ley de Contratos del Estado o sujetos al procedimiento de contratación". La Fiscalía, por tanto, propone al juez la absolución del denunciado, que hoy deberá explicarse de las acusaciones que mantienen quienes durante su mandato estaban en la oposición.