TOTALMENTE de acuerdo con el código ético de Izquierda Unida. En realidad, totalmente de acuerdo con todos aquellos documentos que se firmen y queden registrados en materia de buenas prácticas, de limitación de la arbitrariedad del ejercicio del poder y de promoción de la transparencia en las instituciones. Con los que vengan de IU -es el segundo, que se recuerde-, del PSOE o del PP, que creo recordar que empezó su campaña anunciando algo por el estilo.

"Es obligación de todos los españoles ser justos y benéficos", que decía la Constitución del 12. De acuerdo, por tanto, con que existan estos códigos pero además con que sus prescripciones formen parte de las leyes, ordenanzas y reglamentos de obligado cumplimiento y no se queden en hojillas que no vinculen más allá del 22-M. IU ha acabado aguando su propio vino firmando el documento el día que le imputaban a su aún candidato en Sevilla por la venta de unos terrenos públicos, realizada -según las sospechas de la juez Alaya- en un concurso calificado de fraudulento. El caso ha coincidido en el tiempo con la inicua lista del PP valenciano y los escándalos varios del PSOE andaluz.

Por ceñirse a IU, que es el partido que le ha dado más bombo a su código ético, la organización promete poner en la calle a todo imputado y procesado, pedir al Gobierno que reduzca los salarios municipales, una declaración de intereses por contrato público o modificación urbanística, no percibir obsequios, liberar a los altos cargos municipales o a quien tenga que ver con decisiones urbanísticas, garantizar que la oposición pueda fiscalizar el trabajo del gobierno, que el registro de intereses de los ediles sea de acceso público por internet, denunciar cualquier hecho delictivo ante la Fiscalía, hacer públicos todos los expedientes de contratación y que sea el Pleno, y no la Junta de Gobierno Local, quien tome la mayoría de las decisiones de gestión del municipio.

Perita, insisto. El descrédito, comprobado en las encuestas, de la clase política obliga a tomar medidas de calado para elevar la confianza de la ciudadanía ante sus representantes, algunos de los cuales insisten en seguir volando en clase preferente. El problema radica en prometer cuestiones que difícilmente se van a cumplir. La cuestión de las imputaciones ha quedado clara. Jurídicamente, el imputado es quien tiene una presunta relación con un asunto que pudiera tener reproche penal y, por ende, acude al juzgado asistido por su abogado y con garantías como no tener que decir la verdad cuando esté declarando.

La política real muestra, sin embargo, que todos los partidos tienden a proteger a sus miembros corruptos sea cual sea su discurso en esta materia cuando conviene. En muchas ocasiones, el asunto no radica en la cuestión penal sino en la ética o la estética de determinadas actuaciones, algo que rara vez aparecen en códigos o manifiestos.

En lo que al Ayuntamiento de acá respecta, el camino está por recorrer. Mucha participación ciudadana de agit prop, pero poco interés por la transparencia. Desde 2009, está vigente el Reglamento Orgánico municipal que no facilita el acceso del público a la documentación municipal y que prohíbe, en pleno siglo XXI, fotocopiar expedientes sin permiso del alcalde o el Pleno. El acceso a la declaración de bienes e incompatibilidades de los concejales no es precisamente fácil (hay que hacer cola en la Secretaría General o esperar a que salga anualmente en el BOP, publicación que todo el mundo tiene a mano). La creación de comisiones de investigación exige de mayoría absoluta, lo que da pie al bloqueo del partido o partidos gobernantes. Los expedientes administrativos parecen patrimonio personal de funcionarios y concejales a pesar de que es el ciudadano quien los paga. Los documentos de organismos autónomos y empresas públicas aparecen marcados como confidenciales porque se les aplica la norma sobre sociedades mercantiles, como si Emacsa fuese, pongamos, El Corte Inglés y tuviese que protegerse de unos competidores que resulta no tener. Y no se tiene acceso vía internet ni a los acuerdos completos de Pleno ni a los decretos de la Alcaldía o de los concejales. Tal es el celo que aparecen en la red los presupuestos municipales (no las liquidaciones, curioso) aunque, sorpresa, sin el capítulo de inversiones para que nadie reclame lo prometido. Por último, las liberaciones de concejales se han convertido, a la vez, en modo de vida y arma política.

Más. La Junta de Gobierno, cuyas deliberaciones y actas son reservadas, toma ya las decisiones más importantes de la gestión por una ley de la que todos están encantados. Buena idea la de saber si al alcalde le regalan una botella de vino en Navidad, pero se podría empezar por divulgar los gastos de representación -opacos- de la corporación o el dinerito no fiscalizado que el Consistorio transfiere a los partidos. Y de los contratos a familiares o lo de regular los sueldos, qué quieren que les diga que no esté en las hemerotecas.