La estrategia de desviar la atención

En la defensa de un cliente, normalmente se sigue siempre la estrategia de intentar demostrar que es inocente. Eso está más que claro. Para ello, se pueden utilizar cuántas opciones sean válidas jurídicamente. Todo por demostrar esa inocencia. Pues bien, ayer la defensa de Rafael Gómez hizo un intento de desviar la atención en la tercera sesión del juicio en el que el empresario se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado y por los que el fiscal solicita 44 años de prisión por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el presunto impago de impuestos a través de cuatro empresa. Para ello, su abogado llamó a declarar a varios testigos que poco o nada podían hacer, ya que los temas que expusieron en este tercera sesión no son los que se juzgan en esta causa.

Como ejemplo, el primero de los tres testigos que estuvieron ayer en la Audiencia Provincial, llegó a asegurar ante el juez que no tiene relación con la familia de Rafael Gómez y que, además, tampoco tenía interés en el juicio. Este hombre, no obstante, sí que reconoció que mantuvo una relación con Arenal 2000 -una de las empresas en las que supuestamente se cometieron los delitos entre 2003 y 2006-. En concreto, según explicó, vendió unos terrenos a Arenal 2000 en Torremolinos (Málaga). Una transacción que se efectuó, sin que en las escrituras quedara constancia del pago de un cheque de 300.000 euros que se realizó como señal de la compraventa. Este testigo reconoció también que este pago "nunca se regularizó" en las escrituras. No obstante, explicó que "en alguna ocasión me llamaron para regularizar, pero al final no se hizo nada".

Tras la intervención de este declarante, llegó el turno de un abogado cuyo despacho tenía como cliente al que fuera líder de la oposición municipal entre 2011 y 2015, y además conocedor "de los desarrollos urbanísticos" y de la "introducción de ornamentaciones" de Arenal 2000, tal y como señaló. En su declaración y ante preguntas de la defensa de Gómez, el letrado hizo referencia a la ornamentación de las dos urbanizaciones de la Carrera del Caballo, como "una puerta monumental de importancia considerable y de un volumen de gasto bastante considerable". También aludió a la inclusión de "estatuas y de ornamentación apreciable" en Puerto Marina, en Benalmádena (Málaga).

El tercer testigo de la jornada -había previsto casi una decena, pero dos de ellos han renunciado y otros han pedido el aplazamiento de su intervención- fue un inspector regional de Hacienda que opera en Sevilla. Las preguntas de la defensa de Gómez, en este caso, se centraron en la calificación como leve de dos actas de sanción impuestas a sendas compañías del exlíder de UCOR en 2003 por el impuesto de sociedades. El funcionario aseguró que "recuerdo que estas actas se suspendieron o se iban a suspender por prejudicialidad penal". Sin embargo, se trata de una calificación que no pudo quedar certificada que fuera la que tuvo el expediente al final.

Con todo ello, el juicio se reanudará el lunes de la próxima semana, jornada en la que intervendrán ocho peritos que testificarán sobre los hechos. Para ello, en la Audiencia se desarrollará una prueba conjunta -algo habitual en este tipo de sesiones, en las que existe la opción de réplica, dúplica y aclaraciones- tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cada uno responderá a cada uno de los delitos sobre los que se acusa a Gómez (un total de 11). En este caso, cuatro de los peritos son de la Agencia Tributaria que han sido llamados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El quinto perito, por su parte, ha sido designado judicialmente y también llega de la Agencia Tributaria, mientras que los otros tres son de la defensa de Gómez y sus hijos. Todos ellos expondrán sus testimonios, según las previsiones que se manejan, hasta el miércoles de la semana que viene, mientras que el jueves será el día de las conclusiones.

La Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales y pide para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Gómez, que podría llegar a 350 millones de euros. Los delitos supuestamente fueron cometidos entre 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).