Como se suele decir en estos casos, les diré que un amigo mío tiene un hijo adolescente con un grado de discapacidad intelectual superior al 40% y está muy preocupado por el futuro laboral que le espera al chaval cuando pasen unos años. Ese futuro parece no muy halagüeño si se tiene en cuenta el manifiesto incumplimiento de la normativa laboral para discapacitados tanto en la empresa privada como en la pública, una normativa amparada por la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado mes de marzo–.

Y es que tal y como hace unos días denunció CCOO, solo el 4% de los trabajadores de centros especiales de empleo pasa al mercado ordinario. Según los datos que maneja el sindicato, de las 900 personas que recibieron formación en uno de estos centros el año pasado, tan solo 33 consiguieron un empleo fuera del mismo –lo que supone ese 4%–. Esa ley dicta que las empresas con más de 50 trabajadores tienen que contar en su plantilla con un 2% de trabajadores con discapacidad; si no lo hacen, no pueden acceder a ayudas públicas ni tener como clientes a la Administración. El sindicato señala asimismo que la Inspección de Trabajo muestra un “bajo interés” por regular la situación.

Hasta ahora, según el presidente de Fundación Prode, Blas García, quien confía en que la tortilla laboral de la vuelta en favor del trabajador discapacitado con la nueva normativa, el 85% de las empresas no cumplía el 2% y había incluso algunas a las que les salía más rentable pagar los 6.000 euros de sanción que se les imponían que contratar a personas discapacitadas. Todo ello en un contexto, según el presidente de Prode, en el que las estadísticas revelan que el porcentaje de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad está en torno al 38%; y que en el caso de la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, el desempleo está por encima del 43%. Porcentajes que ponen de manifiesto el importante grado de vulnerabilidad de este tipo de personas.

Pero para más Inri, laboralmente hablando, según CCOO, otro dato que manifiesta que la ley no se está cumpliendo es que el 96% de los contratos que las empresas les realizan a los trabajadores discapacitados son temporales, además de que existe una brecha salarial con respecto a las personas que no tienen un mínimo de un 33% de discapacidad certificada, ya que la diferencia en el sueldo mínimo es de un 7%. El sindicato incide asimismo en que de las 50.000 personas que hay en Córdoba con certificado de discapacidad, solo 22.000 están dentro de la población activa, un 7% del total. Estas cifras dejan una tasa de paro del 33,7%, alrededor de ocho puntos superior al de las personas sin certificado de discapacidad.

Insisto en que mi amigo y muchos otros padres que como él tienen un hijo o una hija con discapacidad intelectual están muy preocupados. Mi amigo está convencido de que a las leyes que deben proteger al discapacitado les queda todavía un amplio recorrido, tal y como también defiende el presidente de la Fundación Prode, una entidad ante la que hay que quitarse el sombrero por su labor social y solidaria, traducida en la integración en todos los sentidos de las personas discapacitadas.