La aceleración de lo digital, la digitalización, a raíz de la pandemia, agranda aún más la brecha que ya existía entre las personas vulnerables, en situación de exclusión social, y el resto de las capas sociales. La falta de formación en este tipo de competencias o de recursos económicos que dificultan la disponibilidad de dispositivos o de internet en los hogares están construyendo una nueva barrera.

Así lo exponen las conclusiones del estudio elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en la provincia de Córdoba, Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia por la pandemia de la Covid-19, en el que se han encuestado a 25 organizaciones y a más de 250 usuarios que reciben estos servicios.

El 91% de las entidades consultadas soportan esta tesis como el principal problema detectado desde que llegó la "nueva normalidad". En la capital, lo corrobora el 85% de los encuestados y en los diez municipios de la provincia analizados (inferiores a 20.000 habitantes) el 65% lo destaca también como la mayor dificultad.

El acceso a los servicios sociales públicos, recurso clave para personas vulnerables, también se ha visto mermado hasta un 80% según los encuestados en la capital y un 45% en la provincia. Tan solo el 10% de los encuestados se sienten beneficiados con la digitalización en el acceso a los recursos públicos, destaca el informe. 

La atención personalizada se perdió durante el confinamiento obligando a establecer "soluciones temporales" que, después de dos años, "han llegado para quedarse", anota el informe. Bajo ese contexto, la implantación de las nuevas tecnologías debería ser "más progresiva, con medidas decididas de inclusión digital y dejando abiertos los canales analógicos hasta que esta última sea una realidad para toda la sociedad", ha defendido el delegado de Apdah en Córdoba, Carlos Arce.

El análisis recoge también que el 97% de las personas responsables de las organizaciones entrevistadas afirman que se han incrementado las dificultades de acceso a los recursos sociales públicos de la provincia, considerando el 89% que ello afecta especialmente a las personas más vulnerables. 

Muy pocas personas (10%) valoran positivamente esta digitalización en el acceso a los recursos públicos, más bien son mayoría las que señalan el incremento en las dificultades de contacto con la administración, la falta de formación en competencias digitales o disponibilidad de dispositivos y su preferencia por una atención personalizada.

Además, el panorama dibujado por las instituciones y entidades entrevistadas es para la APDHA elocuente. Durante el confinamiento domiciliario, tan solo el 24% de estas entidades pudo mantener sus servicios a pleno rendimiento. 

El perfil de los que más han sufrido

Aunque la digitalización imparable constituya la nueva amenaza, el análisis, elaborado durante 2021 y 2022 con apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IBPS) de la Diputación de Córdoba, también ha revelado la "debilidad" estructural del sistema de protección social que se manifiesta aún más en períodos de crisis como el de la pandemia, ya que, según el 87% de las entidades sociales, ha crecido el número de solicitudes de ayuda que han recibido, especialmente en la demanda de necesidades básicas. 

El abanico de nuevos usuarios que acceden a recursos sociales también se ha ampliado. Así lo afirman el 54% de las organizaciones sociales encuestadas. En este sentido, los dos perfiles que más han sufrido un empeoramiento en sus condiciones socioeconómicas han sido aquellas cuya principal fuente de ingresos es la economía sumergida y en la etapa de restricciones no pudieron realizar su actividad, así como las personas sin hogar que se han visto desamparadas y han sido atendidas de forma ineficiente. 

Carlos Arce ha destacado el impacto en la salud mental de las personas en situación de exclusión social durante los dos años de pandemia. El 75% de las personas entrevistadas reconoce haber sufrido episodios de ansiedad o depresión achacadas a preocupaciones socioeconómicas, después del miedo al contagio durante los momentos de mayor intensidad del covid-19.

En cuanto a las preocupaciones, tras el lógico miedo al contagio, emergen las vinculadas con las necesidades socioeconómicas básicas.

Por último, en lo que se refiere a las dificultades económicas vinculadas a la pandemia, sobresalen la pérdida del empleo (con mayor relevancia en la capital -43%-) y los problemas relacionados con las prestaciones sociales (casi el 50%, lo que se traduce en que apenas el 23% de las personas encuestadas de la capital las hayan percibido, cuando residen en barrios especialmente golpeados por la pobreza).