La diferenciada, otro modelo de enseñanza

La educación diferenciada lleva instalada en Córdoba desde el pasado siglo. En todos estos años, este tipo de centros se han ido adaptando a la normativa vigente. Algunos siguen siendo de carácter privado, pero en la provincia hay tres de ellos -Zalima, en la capital, Yucatal, en Posadas, y Torrealba, en Almodóvar del Río-, que reciben fondos públicos, es decir, que son concertados. Una situación no exenta de polémica y que la Junta de Andalucía trata de suprimir cada vez que llega la renovación de conciertos, ya que no los concede al apostar "por la coeducación y la convivencia de niños y niñas en sus aulas, pues lo contrario sería formar de espaldas a una realidad igualitaria y diversa". Sin embargo, el Tribunal Supremo notificó hace un par de semanas una nueva sentencia en la que reconoce el derecho de varios colegios andaluces que imparten educación diferenciada a recibir dinero público. Una sentencia ante la que la propia Junta de Andalucía ya ha anunciado -según consta en su página web- que valora presentar un recurso de amparo. Es más, la Consejería de Educación asegura -según ese mismo texto-, que respeta el fallo del Tribunal Supremo, "pero cree que hubiese sido más acertado, tal y como lo indicaron los votos particulares de la sentencia, esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso que la Junta interpuso a la Lomce por considerar que al habilitar ésta la financiación de la educación diferenciada se actuaba en contra del principio de igualdad". El departamento que dirige Adelaida de la Calle recuerda que "en cualquier caso, defiende la educación mixta y la coeducación frente al sistema de enseñanza que segrega entre niños y niñas". La Junta ya ha anunciado que se promoverán iniciativas parlamentarias tanto en Andalucía como en el Congreso de los Diputados para que se derogue "de una vez por todas" la Lomce y, mientras que esto ocurre, se deje sin efecto el artículo 84 de la misma que blinda la financiación con dinero público de la educación segregada.

Mientras tanto, el fallo ha hecho que estos centros respiren aliviados y que puedan hacer su oferta educativa concertada.

Juan Miguel Varo es el director del colegio Torrealba, un centro que se puso en marcha en 1962 y por el que han pasado desde entonces algo más de 4.000 alumnos. Para el próximo curso, esperan que sean 315 los estudiantes que acudan a sus aulas en todas las enseñanzas. Bachillerato de Ciencias, de Ciencias Sociales y Humanidades, además de un ciclo de grado medio en Producción Agropecuaria y otro de Aprovechamiento y Conservación del Medio Rural son los estudios concertados que ofrecen en este centro, en el que trabajan 23 profesores. A esta oferta se suman los cursos de primero a cuarto de Secundaria y los grados superiores de Paisajismo y Medio Rural y Animación en Actividades Físico Deportivas, pero en régimen privado.

Varo explica que en el caso de los ciclos formativos concertados, los alumnos proceden de "familias vinculadas al campo que buscan una capacitación para sus hijos y que, de ese modo, puedan hacerse cargo de la explotación familiar o ejercer una profesión vinculada al medio rural". El director reconoce que "el centro es inviable económicamente sin financiación pública" y advierte de que si la sentencia del Supremo -que aún esperan- fuera contraria "lo más probable hubiera sido una reducción de unidades y la reorganización para ofrecer un modelo privado". Una situación, continua, en la que "los principales perjudicados serían los alumnos de familias humildes -jornaleros, obreros, empleados e, incluso, parados- que se verían privados del derecho a elegir libremente este modelo educativo". En defensa de este sistema de enseñanza, en el caso del Torrealba sólo asisten alumnos, subraya que se trata de "una opción pedagógica que busca atender más específicamente a la diversidad entre el hombre y la mujer, teniendo en cuenta sus distintos ritmos de desarrollo, inteligencia emocional, forma de aprender y de motivarse".

Este docente también alude a la decisión de la Administración autonómica de negar el concierto y considera que "el motivo del rechazo es que, por motivos políticos, se intenta imponer un modelo educativo en el que prime la enseñanza pública frente a la privada". "No tiene sólo dificultades la enseñanza diferenciada, sino la concertada en general", anota y añade que "simplemente es objetivamente más fácil no concertar aulas diferenciadas -en aras de una discriminación que los tribunales han negado que exista- previamente a ir disminuyendo las unidades concertadas de manera global". Varo se defiende de las críticas que recibe la educación diferenciada desde diferentes sectores y asegura que "no suponen ningún lastre en nuestro día a día, sino un aliciente por demostrar con hechos las tesis pedagógicas que defendemos". De todos modos, mantiene, "no se trata de imponer un modelo sobre otro, o entablar una guerra para ver cual es mejor, sino simplemente de ofrecer a las familias alternativas diferentes, y la oportunidad de acceder a ellas en igualdad de condiciones".

El modelo pedagógico de educación diferenciada "es una opción más dentro del sistema educativo; es una opción de libertad". Quien hace esta afirmación es la directora del colegio Zalima en la capital cordobesa, Aguas Santas López Jiménez. Ese centro nació en 1965 como Escuela Oficial de Turismo y por el que desde entonces han pasado más de 10.000 alumnas. A lo largo de su trayectoria, según expone, "ha ido evolucionando en su oferta académica para adelantarse a la demanda del mercado laboral y garantizar la igualdad de oportunidades en la formación e inserción laboral". Así, recuerda que desde sus inicios ha sido "un centro pionero y de referencia en la promoción de la mujer". López Jiménez anota también que el modelo que ofertan es de "vanguardia y está perfectamente integrado en el sistema educativo de otros países con mejores resultados académicos como son Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Japón y Estados Unidos". Es más sostiene que es un sistema "cada vez más demandado" y como ejemplo indica que en los últimos tres años han registrado un aumento de plazas del 38%. En la defensa a este modelo subraya que "garantiza el principio de igualdad de oportunidades y en que se centra en el desarrollo del talento y la potencialidad de la mujer, capaz de ser emprendedora en el campo laboral, agente de cambio social y verdadero motor de vida en su entorno familiar". La directora del colegio Zalima, ubicado en el entorno de la Trinidad, también alude al fallo del Supremo y asegura que si hubiera sido negativo "muchas familias hubieran visto vulnerada su libertad de elegir el centro educativo que querían para sus hijas". Al respecto, recuerda que "tenemos más de 40 sentencias dictadas a favor de la educación diferenciada" y subraya que "nunca hemos perdido la esperanza ya que ningún tribunal ha cuestionado la legitimidad del sistema pedagógico de educación diferenciada". En Zalima también tenían pensando un plan b en el caso de que la sentencia no les fuera favorable y su directora indica que mantendrían su oferta académica -la actual es de 12 unidades concertadas, cuatro de Bachillerato y ocho de Formación Profesional de la rama administrativa, a la que se suma el régimen privado, que incluye ocho unidades, correspondientes a ciclos formativos de Grado Superior de Educación Infantil, Dietética e Integración Social y Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, de manera presencial, mientras que la modalidad online se ofertan los Ciclos de Asistencia a la Dirección, Administración y Finanzas y Educación Infantil- para lo que crearían un fondo de becas.

El tercer colegio sostenido con fondos públicos en Córdoba, aunque también oferta estudios privados, y que sólo recibe a alumnas es el Yucatal, en Posadas. Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, además de los ciclos de grado superior de Asistencia a la Dirección, Educación Infantil y Gestión Administrativa son los títulos concertados que imparte. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la opinión de este centro acerca de las sentencias del Supremo.