Córdoba

Los detenidos por alcoholemia no pasarán la noche en el calabozo

  • Cuando los agentes detectan un positivo al volante, identifican al conductor y, si tiene domicilio conocido, queda libre con la obligación de acudir al juez de guardia

Los conductores que superen la tasa de alcoholemia permitida al volante pueden acabar en la cárcel. Así, al menos, lo fija el nuevo Código Penal, aunque en la práctica los cuerpos de seguridad y la administración de Justicia están suavizando la aplicación de la nueva normativa.

La reforma penal entró en vigor el pasado día 2 y, desde entonces, la Guardia Civil ha detenido a 16 personas en las carreteras de la provincia por infracciones de tráfico, concretamente por superar los límites de la tasa de alcoholemia permitida. Fuentes judiciales confirmaron ayer que ninguno de los arrestados por este motivo pasó la noche en el calabozo como ocurre con otros delitos y, previsiblemente, tampoco ocurrirá en el futuro por delitos estrictamente relacionados con el tráfico. Las mismas fuentes detallaron que, cuando una persona se somete a la prueba de la alcoholemia y da positivo, los agentes instruyen diligencias contra los conductores. Si las patrullas comprueban que el supuesto infractor tiene domicilio conocido, éste queda en libertad con la obligatoriedad de presentarse en el Juzgado de Guardia a la mañana siguiente. Fuentes judiciales confirmaron que, hasta el momento, todos los arrestados han cumplido con su citación y, durante su comparecencia ante el juez, han asumido los hechos.

El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, explicó ayer que, de esta manera, los conductores obtienen penas más ventajosas y evitan tener que acudir al juicio rápido correspondiente. Los jueces de Córdoba aún no han señalado ninguna vista contra conductores tras la reforma penal.

Los conductores detenidos por superar las tasas de alcohol pueden ser condenados a penas de tres a seis meses de prisión o con multas de seis a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de perder el permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años. Además, quienes se nieguen a someterse a la prueba de alcoholemia pueden ser condenados a entre seis meses y un año de cárcel y a la privación del permiso por entre uno y cuatro años.

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