Los sindicatos de la Enseñanza Pública ANPE, CCOO, Ustea, CSIF y UGT han convocado huelga el próximo 4 de marzo como medida de rechazo al nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía para el próximo curso ignorando en su elaboración a la comunidad educativa.

A esta convocatoria está llamada toda la comunidad educativa por verse afectada en su conjunto tras la publicación del citado decreto: profesorado representado por los sindicatos convocantes, familias representadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos integradas en la Confederación Andaluza Codapa y el Frente de Estudiantes en representación del alumnado. Asimismo, también está convocado todo el personal laboral y funcionario que trabaje en centros educativos.

En el caso de Córdoba, además del paro en los centros escolares, se ha organizado una manifestación en defensa de la educación pública que discurrirá a partir de las 12:00 por la plaza de las Tendillas, la calle Foro Romano, Ronda de los Tejares, Paseo de la Victoria, la avenida del Flamenco, la avenida del Aeropuerto, para finalizar en la calle Santo Tomás de Aquino, donde se encuentra la Delegación de Educación.

La Intersindical de Educación considera especialmente controvertido el artículo 9.4 de dicho decreto que indica que "en los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo".

Las organizaciones sindicales convocantes consideran, además, que con este artículo "se suprimirán unidades públicas y, en consecuencia, personal docente".

"Ante la coincidencia de posturas en lo esencial, que es la defensa de la escuela pública, hemos acordado dicho paro orientado a revertir los ajustes aprobados por el Ejecutivo andaluz, que suponen un ataque en toda regla a la enseñanza pública. Tenemos la responsabilidad, como legítimos representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública, de defender sus intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma", han señalado.