El juez decano estima que se podría sancionar al magistrado "indignado"

La sentencia del magistrado del Juzgado de lo Social número 2, Manuel Oteros , que se considera un "indignado", y en la que llama "burros" a los políticos y anula un despido en el Instituto Municipal de Deportes a un trabajador -que fue suspendido de empleo y sueldo durante tres años-, provocó ayer un gran revuelo y tuvo repercusión incluso a nivel nacional. Al respecto, el juez decano, José Carlos Romero, consideró que "se puede abrir expediente" al magistrado, aunque quiso dejar claro que para llegar a este punto "tendría que denunciarlo alguien".

Romero quiso restar importancia a la sentencia, de la que no obstante reconoció que en ella aparecen "párrafos algo llamativos". No obstante, el juez decano aseguró que no ha leído por completo el fallo. El decano insistió en que para hacer una valoración hay que hacer "una lectura en conjunto" del fallo e incidió en que "se ha magnificado".

Quien también hizo referencia ayer a esta sentencia fue el alcalde, José Antonio Nieto, quien aseguró que respeta las sentencias de los tribunales, "aunque algunas son complicadas hasta de leer".

Tal y como ya avanzó El Día, la sentencia hace referencia a la construcción del campo de fútbol de hierba artificial de Cerro Muriano, cuyo proyecto fue modificado. El Instituto Municipal de Deportes sancionó a este empleado, que era técnico de Gestión, por "una falta grave", ya que consideraba que había cometido irregularidades como redactar el proyecto "con ausencia de los documentos esenciales" o negociar y aprobar precios "contradictorios" con el adjudicatario.

En el fallo, el magistrado considera probado que se modificó la obra sin iniciar un nuevo proyecto, aunque insiste en que esa decisión la conocían el gerente y el presidente del Instituto Municipal de deportes porque "todos convinieron" en que era lo más conveniente porque sino la obra se demoraría demasiado. La sentencia añade que el trabajador, además, "se ofreció para salvar la situación aprovechando que tenía muy buena relación con los técnicos de la Junta en Sevilla. Según el fallo la falta de financiación -era una obra financiada entre la Junta y el Ayuntamiento- obligó a acelerar los trabajos para no perder la subvención de la Administración autonómica. Para el juez, este hecho es "una pelea entre burros" en la que "paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público". Para el magistrado, lo que hizo el técnico no constituye una infracción sino que "es más demostrativa de ingenuidad y candidez que de cualquier otra cosa".

Oteros hace además otra reflexión en la que recuerda a los "burros" -en referencia a los políticos- que "más le valdrían que se dejaran de pelear y se pusieran a andar, que hay mucho camino por delante y poco tiempo para recorrerlo". Reconoce también que "quizá" se está extralimitando, si bien, se defiende calificándose como "un indignado más" con libertad para tomarse esa "licencia" para recriminar a los políticos, algo que lo hace "desde el más sincero reconocimiento de su necesariedad y de la grandeza que implica ser político", que es "servir al pueblo al que representas".