Economía

La crisis ya impacta en los juzgados de Córdoba: los concursos repuntan un 44% y los desahucios un 33%

  • Las demandas por despido crecen un 9% durante el segundo trimestre del año y las reclamaciones monetarias, un 14%

Actividad en el centro de Córdoba.

Actividad en el centro de Córdoba. / Juan Ayala

La crisis que padecen familias y empresas como consecuencia del alza de los precios empieza a tener un reflejo claro en los juzgados de Córdoba. Y es que la mayoría de los procedimientos relacionados con la economía sufrieron un aumento durante el segundo trimestre del año, según la estadística oficial publicada ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta situación se vislumbra con toda claridad en el repunte de los concursos, que son los procedimientos abiertos para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Los juzgados de Córdoba recibieron durante el segundo trimestre de 2022 un 44% de concursos más que en el mismo periodo del año anterior. Contabilizando los presentados por lo Mercantil y los de personas físicas registrados en Primera Instancia y en Primera Instancia e Instrucción, Córdoba sumó un total de 52 concursos entre los meses de abril y junio; en el mismo periodo del año anterior hubo 36 y en el primer trimestre de este año, 38. En ambos casos, por tanto, el aumento supera el 40%. 

De ellos, 29 correspondieron a personas físicas no empresarios presentados en los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción y los 23 restantes se interpusieron ante los juzgados de lo Mercantil.

También repuntan los lanzamientos, esto es, las ejecuciones forzosas de sentencias de desahucio. Pueden referirse a cualquier tipo de inmueble, incluidas viviendas, oficinas o locales. Los practicados durante el segundo trimestre de este 2022 aumentaron un 33% en Córdoba con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta sumar 128 casos; en el segundo trimestre de 2021 fueron 96 y en el primero del actual ejercicio, un total de 107.

Del global del último recuento, el 29% se produjo como consecuencia de no poder pagar la hipoteca; son, en números redondos, 38 casos. Desde principios de años, se han contabilizado un total 66 procedimientos de este tipo.

La crisis económica se refleja igualmente en las demandas por despido, que en la provincia aumentan más del 9%. En el segundo trimestre de 2022 se han presentado 303 demandas, frente a las 277 del mismo periodo del ejercicio anterior. El CGPJ explica que en esta cifra se incluyen todos los procedimientos registrados en los juzgados de lo Social, incluidos aquellos por extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales. En lo que va de año, la Justicia ya ha tramitado 589 expedientes por despido.

Los monitorios también aumentan. Son los procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando constan en algún tipo de documento. Son competentes los juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor, y la estadística incluye las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Dentro del informe global del impacto de la crisis en los órganos judiciales, los procedimientos monitorios son los más numerosos, con 3.165 casos en el segundo trimestre del año. Esta cifra supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando fueron 2.775.

Otro apartado que experimenta un innegable aumento es el referido a la ocupación de viviendas. El CGPJ registró en la provincia de Córdoba 17 causas por ocupación ilegal, frente a las solo seis que se contabilizaron en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esto significa un incremento del 183% en el periodo analizado. Sumadas a las cinco que hubo en el primer trimestre, a lo largo de 2022 ya se han contabilizado 22.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

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