Córdoba alcanza su máximo histórico de empleados públicos con más de 51.500

Córdoba suma un total de 51.522 empleados públicos en los diferentes niveles de la Administración (estatal, autonómica y local), lo que supone el máximo histórico para una provincia en la que estas plantillas han crecido un 17,5% en la última década, o lo que es lo mismo, en 7.657 trabajadores. Así lo refleja el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio para la Tranformación Digital y de la Función Pública, presentado recientemente con datos a fecha del pasado julio de 2025.

Este volumen de empleados públicos es el máximo en Córdoba desde que hay registros y marca una relativa tendencia de estabilidad por encima de la barrera de los 50.000, que se superó por vez primera en enero de 2023 (50.273). Cierto es que las jubilaciones, convocatorias y oposiciones convierten a este sector en fluctuante, hasta el punto de que los tres últimos balances a mitad de año se han movido en cifras muy superiores a los de enero; sin ir más lejos, en los primeros seis meses del pasado 2025, el aumento de estas plantillas fue del 5,1% (2.501 trabajadores).

¿Y qué administraciones jugaron un papel más determinante en este incremento? En primer lugar, los ayuntamientos y diputaciones, que son los que más empleo crearon en ese semestre, hasta 1.279 puestos, para pasar de 10.182 a 11.461, y que suponen casi la mitad del total. Pero la realidad es que el resto también sumaron trabajadores públicos: la Junta pasó de 30.836 a 31.789 (+953) y el Gobierno central, de 8.003 a 8.272 (+269).

Estos datos reflejan lo que es una tendencia también tanto a nivel regional como estatal. Y es que la la mayor parte de los empleados públicos en la provincia corresponden a la Administración autonómica. Esos 31.789 trabajadores con los que la Junta de Andalucía cuenta en Córdoba representan el 61,7% del total. Una cifra que supera, por mucho, el porcentaje que tienen las administraciones locales, que se quedan en el 22,2%, y la estatal, que es la que menos aporta al conjunto, con el 16,0%.

También mantiene una línea estable el hecho de que las mujeres son mayoría en Córdoba en el sector público. Según el último balance, superan en casi diez puntos a los hombres; en total, hay 28.203 trabajando en alguno de los puestos de las distintas administraciones, lo que equivale al 54,7% del total, por los 23.319 del otro sexo, que alcanzan apenas el 45,2%. Es una situación que se repite igualmente en la mayor parte de las provincias y que, por tanto, se refleja en los datos tanto de Andalucía como de España.

Lo que sí llama la atención en cuanto a los datos por género es el desigual reparto entre las distintas administraciones. Así, las mujeres mandan por mucho en los puestos que la Junta tiene en la provincia (20.574 por 11.215 hombres), una situación contraria a la que se da en el caso del Gobierno central, donde los hombres son los que tienen un mayor peso (6.424 por 1.848 féminas); en el caso local se produce casi un empate técnico, con 5.680 hombres y 5.781 mujeres.

El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas también desglosa los empleados públicos del Gobierno central, que ascienden a 8.272, en varios subbloques. De esta manera, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -Policía Nacional y Guardia Civil- suman 5.524 trabajadores en la provincia, y la Administración al servicio de juzgados y tribunales, otros 51; Los restantes 2.697 se integran en la Administración del Estado, donde tienen cabida los ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas a la comunidad autónoma y otros entes de Derecho Público.

Todo en un contexto de incremento del sector que constata el creciente atractivo que tiene el empleo público que, salvo excepciones, permite planificar el futuro sin la amenaza del despido. Sin ir más lejos, un estudio realizado hace unos meses por OpositaTest, titulado Estado del Malestar: El giro laboral hacia el sector público, evidencia que siete de cada diez trabajadores en España dejaría su puesto por conseguir una plaza fija en la administración, valorando en esta decisión la estabilidad laboral, los horarios regulados y la conciliación como principales factores.