La comisión de Emacsa para la revisión tarifaria se constituirá el 30 de marzo

La comisión para la revisión tarifaria de Emacsa se constituirá el próximo 30 de marzo tras la celebración de un Consejo de Administración. El grupo de trabajo estará formado por un miembro de cada grupo municipal -es decir, los que ahora forman parte del consejo más Ciudadanos-, un representante del Consejo del Movimiento Ciudadano, de los sindicatos (UGT y CCOO) y un técnico de la empresa municipal de suministro de aguas.

Finalmente no formarán parte de la comisión organizaciones como Ecologistas en Acción, Ingeniería Sin Fronteras o la Plataforma Stop Desahucios, "que han estado implicadas en la lucha por el agua como bien común y derecho humano", como pedía la representante de Ganemos, Victoria López. Tampoco estarán organizaciones de consumidores como la OCU o Facua. El presidente de esta última, Francisco Martínez Claus, señaló ayer que considera "imprescindible que los usuarios participen de la elaboración de la nueva estructura tarifaria del agua de la ciudad, dado que son los principales implicados".

Sin embargo, el Consejo de Administración sí decidió ayer que la comisión sí pedirá informes puntuales e invitará a algunos de estos colectivos para que opinen sobre el borrador que se realizará con el fin de revisar las tarifas de Emacsa. En la primera reunión se aprobará la metodología con la que se trabajará y los miembros tendrán que presentar sus propuestas para el proyecto.

En ese sentido, el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano, propone cuatro medidas. La primera es cambiar la actual estructura tarifaria por tramos a una por persona empadronada en el domicilio, de forma que se pasará a tarifar el consumo por individuo y no por inmueble. De esta manera se acabaría con las penalizaciones por consumo excesivo que, según Serrano, se están produciendo en viviendas donde residen varias personas de la misma familia sin tener el título de familia numerosa y que realmente no están realizando un consumo excesivo.

La segunda medida sería aplicar una reducción progresiva en las actuales tarifas de abastecimiento de agua y depuración al entender "que existe margen para ello". A cambio, Serrano propone bonificaciones en función del lugar de residencia, por el callejero fiscal, como ocurre con la tasa de basura. La tercera propuesta es aplicar bonificaciones a los pequeños autónomos en las tarifas que pagan en sus negocios "para proteger el empleo". Por último, UCOR plantea establecer bonificaciones y subvenciones a la eliminación de los contadores comunitarios para incentivar los individuales.

Por su parte, el PP criticó la complejidad técnica que supondrá la conversión de precio público a tasa a partir de 2017, como reflejan las cuentas municipales, "lo que no coincide con lo que se está diciendo en el Consejo de Administración" de Emacsa. El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, aclaró que "en el plan plurianual que presenta al Gobierno de España la delegada de Hacienda se contempla la tasa como ingreso en el Ayuntamiento, cosa que antes no se hacía porque era precio público".