El de los abogados es el colectivo que más de cerca vive en Córdoba y su provincia la violación diaria de los Derechos Humanos. Por ello, con motivo del 74 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha puesto en marcha un buzón para que los profesionales de la abogacía de Córdoba y provincia denuncien esos casos. Esta iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio tiene, además, como objetivo, "visibilizar esas situaciones para que desde el propio Colegio, desde la Junta de Gobierno del mismo, desde nuestra calidad de interlocutor directo, demos traslado a quien proceda, tanto a entidades, asociaciones y a la propia la Administración de esas situaciones que nos trasladan los compañeros de una manera periódica" para que tomen medidas al respecto y las corrijan, ha sentenciado la diputada responsable de la comisión, Berta Aparicio.

Desde el 14 de noviembre, fecha en la que empezó a estar operativo ese buzón, "los compañeros nos han trasladado que esa vulneración tiene que ver con colectivos concretos, con ciertas disfunciones que detectan en determinadas entidades, en diversos organismos y en la Administración y, por supuesto, de una manera concreta, con determinadas disfunciones y carencias que seguimos sufriendo de manera específica en la Administración de Justicia", ha añadido Aparicio.

Son muchos los profesionales de la abogacía de Córdoba "que han puesto el acento y el foco de manera especial" en las personas con enfermedad mental. La abogacía pone de manifiesto "la desatención sanitaria, social y jurídica que padecen muchas de esas personas y que provocan no solo ya el empeoramiento de su patología, sino también que acaban enfrentándose a una situación real de auténtica exclusión y desamparo". Aparicio ha destacado que son muchos los enfermos mentales que viven en la calle, sin acceso a unas necesidades reales e imprescindibles para ellos, "al igual la cantidad de enfermos mentales que nos encontramos en prisión, muchas veces cumpliendo medidas de seguridad allí en lugar de en un centro sanitario especializado, sin que se les haya detectado ni tan siquiera de manera previa su patología".

La abogacía además ha mostrado una preocupación por "una creciente implantación" de asentamientos chabolistas en la ciudad, en los que destaca fundamentalmente la presencia de menores de edad "en unas condiciones de vida insalubre y sin acceso a las necesidades básicas". Estos asentamientos han proliferado en zonas como los alrededores del polígono de Chinales, la salida de la carretera de Granada, el entorno de Carrefour Zahira y la margen derecha de la Autovía de Madrid.

Otra de esa vulneración tiene que ver con los colectivos de personas mayores y personas con diversidad funcional "a los que se les ha obligado a vivir" absolutamente excluidos del mundo digital, "con lo que eso supone ahora mismo para cuestiones  absolutamente esenciales". Los abogados denuncian "la limitación de derechos que soporta un sector de la ciudadanía excluido del mundo digital cuando se trata de acceder a la administración y cuando se trata de acceder a sus servicios, personas mayores o de contexto de exclusión que no tienen capacidad para participar en este nuevo modelo de administración pública dependiente de internet y de las nuevas tecnologías, a los que se les está dificultando e incluso impidiendo el acceso a ejercer derechos y disfrutar de determinados servicios".

Los profesionales de la abogacía insisten en que "ya no solo son ese reducto de entidades financieras" las que "abusan" de la gestión online,  sino que cada vez son más las empresas y organismos que han seguido este camino, "lo que deja a colectivos excluidos, sin ofrecer siquiera acceso a dispositivos digitales ni a una formación en competencias digitales". Circunstancia que, insisten, asimismo está ocurriendo en la propia administración pública, "que también se ha subido a este carro sin facilitar ni formación, ni tutorización, ni siquiera un acceso a la digitalización de colectivos vulnerables, colectivos que son fundamentalmente en este caso personas mayores y personas con discapacidad, lo que los deja al final absolutamente fuera del sistema, totalmente discriminados", ha puntualizado Aparicio.

Asimismo, los abogados denuncian "de manera muy reiterada" los problemas de la exigencia de la atención con cita previa de las administraciones públicas. "Es comprensible que haya determinadas cuestiones que por su complejidad pueda ser cierto que requieran una cita previa para poder preparar el asunto, el trámite o la cuestión, pero eso no puede dejar atrás la necesidad de poner a la administración al servicio de la ciudadanía, ya para eso se hace esencial de alguna manera mantener una atención personal, personalizada y directa con determinados sectores de la población", ha relatado.

Aparicio ha apuntado, en este sentido, a administraciones como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, "en las que sigue habiendo ese colapso de entrada de la cita previa, limitando incluso en algunos casos el acceso a sus instalaciones a personas acompañadas, cuando hay personas que requieren el acompañamiento de alguien para que luego les explique de una manera mucho más comprensible la gestión del trámite o el procedimiento en el que están involucrados", ha apuntado.

Aparicio ha incidido en que "los compañeros nos trasladan" que la reorganización de la administración pública pospandemia ha dejado al ciudadano "sin respuesta" con situaciones como "teléfonos que no se atienden, registros, como el de parejas de hecho, que no funcionan como sería deseable, retraso en la tramitación de expedientes en la oficina de extranjeros". "Hay compañeros que nos han trasladado su preocupación por la falta de intérpretes para comunicar determinadas resoluciones administrativas, como por ejemplo la declaración de situaciones de desamparo", ha añadido.

Respecto a la administración de justicia, "con cuyas carencias lidiamos día a día los abogados", denuncian que hay muchos juzgados de Córdoba y de toda la provincia que mantienen demoras "absolutamente inasumibles". “Nada se parece a la injusticia como la justicia tardía”, ha expuesto Aparicio, parafraseando a Séneca. "Destacan señalamientos de determinados órganos jurisdiccionales que están señalando vistas para el año 2026", ha indicando, insistiendo en los "retrasos inasumibles" que sufren "determinados juzgados de la provincia que estudian, analizan y trabajan en materia de derecho de familias o el juzgado de lo penal número 6, que juzga los asuntos de violencia sobre la mujer".

Loa abogados sentencian que también se vulneran los Derechos Humanos en el estado de los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Campo Madre de Dios. "Es verdad que está pendiente la construcción de una nueva comisaría desde hace años, pero hay que adaptar determinadas instalaciones de manera que se garanticen los estándares mínimos internacionales de privación de libertad, espacio, ventilación y luz; como ha reiterado el Consejo de Europa en su visita a España, todas las instalaciones y celdas de detención de las fuerzas del orden público deberían estar correctamente ventiladas y adecuadamente iluminadas", ha relatado. También ha referido que existen quejas sobre la falta de luminosidad y espacio en uno de los calabozos "de la nueva Ciudad de la Justicia".