Por caridad, llamen al juez

Polémica. Llegada ya la hora de los dimes y diretes, sólo los tribunales de justicia pueden parar la locura de estas acusaciones y desmentidos que se parecen tanto a un chantaje

El presidente de Unión Cordobesa y concejal, Rafael Gómez.
El presidente de Unión Cordobesa y concejal, Rafael Gómez.
Rafael Ruiz

10 de febrero 2013 - 01:00

DE la andanada verbal protagonizada por el jefe de la oposición municipal, Rafael Gómez, por todos conocida, se derivan, entre otras acusaciones de presuntos delitos, los de cohecho y prevaricación, en el caso de que lo que diga tenga dosis de verdad, y unas calumnias del tamaño de la catedral de Burgos en el caso de que su relato tenga tanto de ficción como lo que aseguran sus antagonistas. Sea como sea, una materia judicial que los citados, sobre todo los que se encuentran aún en cargos públicos, no deberían dejar pasar. En cualquier país medio normal, tal y como hubiera acabado este buen hombre de soltar su desahogo, un juzgado lo habría llamado a capítulo para que repitiese lo dicho en sede judicial, como está mandado deduciendo testimonio por aquello que se considere que puede ser materia delictiva, bien por quien acusa, bien por quien resulta ofendido por las palabras del concejal.

Gómez se sentó en la silla como concejal en un ejercicio de simulación. Ostenta un cargo público pero su discurso versó sobre sus intereses particulares, los suyos y de sus empresas, en esa disparatada batalla que tiene con el Ayuntamiento de Córdoba y que, por el momento, va ganando. El presidente de Unión Cordobesa, que será hombre de pocas letras pero astuto es un rato, ha centrado las palabras que dedica a los cordobeses, tanto si le votaron como si no, no a los intereses generales de la ciudad sino a unas cuestiones que atañen a su posición legal y tributaria.

La historia es conocida. Gómez acusa a la diputada Rosa Aguilar de haberle dado un permiso verbal de que construyese las naves de Colecor y de que iniciase la urbanización de la Carrera del Caballo, aquel paraje fantástico al que un cambio de birlibirloque del Plan General, y no precisamente de Izquierda Unida, convirtió en Paraíso Arenal. Como consecuencia derivada, Gómez entiende que las sanciones realizadas en su momento fueron una suerte de teatrillo, destinado en su momento a dejarlo morir o a convertirlo en una multa simbólica de un millón de pesetas, algo que en aquella etapa y con el propietario de Arenal 2000 era lo que daba en propinas.

Aguilar, Ocaña y otros varios -disparatadas las alusiones a Antonio Hurtado o José Antonio Ruiz Almenara- han ofrecido su desmentido público pero lo cierto es que el hecho de que las naves se concluyeran y la multa nunca se cobrase no ayuda especialmente a convertir a Gómez en un portavoz no autorizado. Aquí entre nosotros, si el citado fuese el que antefirma este texto, al caballero del pelo blanco se le empapelaba en el juzgado de guardia más próximo.

A estas alturas de la película, lo importante no es si ustedes o yo pensamos que Gómez miente o dice la verdad. Lo relevante es que sea un juzgado, con sus togas y sus puñetas, quien le ponga fin a este asunto de una buena vez por la vía que convenga. Si cualquier cordobés de a pie, que no se llamase como se llama, realizase una intervención similar, lo más seguro es que se le llamase inmediatamente a declarar acompañado de abogado y en calidad de imputado.

Con el presidente de Unión Cordobesa -recuerden, desde que se presentó a las elecciones es un político- hay que tener la prevención de las dosis con las que ofrece sus grandes éxitos. Desde el primer momento en que decidió presentarse, ha estado dando palabros a cuentagotas. Y ello contribuye, y de qué manera, a imaginar zonas de sombra, cuestiones que se intuyen, poner las palabras que faltan en sus frases.

Pues mire, esto se tiene que acabar por el bien de todos. Si hubo pactos o acuerdos inconfesables y cuestiones que deben dilucidarse, a los tribunales y que, al modo Cospedal, cada palo aguante su vela. Y si los aludidos o el denunciante quieren seguir manteniendo este chantaje del dentista -preguntar si nos vamos a hacer daño- que no sea a costa de que en los despachos de la plaza de la Constitución no se ha hecho el trabajo que corresponde. Lo que sea menos mantener esta bochornosa imagen de ciudad bananera en la que a Gómez le sale gratis la campaña electoral y la constatación empírica de que quien con niños se acuesta, meado se levanta.

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