La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros y ahora enfila la fase parlamentaria. Aunque todavía falte este último paso decisivo, en el que se podrían introducir cambios, la Universidad de Córdoba (UCO) y el resto de instituciones de educación superior deberán aplicar la norma una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La LOSU recoge, en el capítulo dedicado al personal docente, cambios sustanciales en cuanto al profesorado asociado, una figura que nació con el objetivo de contar con profesionales en ejercicio dentro de las aulas universitarias y que -en épocas muy complicadas para la contratación de empleados públicos- se empleó para paliar los efectos de las medidas de contención del gasto. En concreto, fue a raíz de los recortes de la crisis económica de 2008 y la limitada tasa de reposición. Según se explicó tras el Consejo de Ministros en el que se dio luz verde al anteproyecto, la nueva norma permite "dignificar las condiciones laborales del profesorado asociado".

De esta medida, se apuntó tras el Consejo de Ministros, se beneficiarán "más de 25.000 docentes  asociados. "Supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%", señalan desde el Ministerio.

En el caso de la Universidad de Córdoba, se sobrepasa la cantidad con lo que se estipula en el anteproyecto de la LOSU. Y es que, la UCO cuenta con 155 docentes asociados de una plantilla de 1.500 efectivos que conforman el estamento del Personal Docente Investigador (PDI), según los datos a los que ha tenido acceso el Día.

Fuentes de la institución académica han explicado que esta cantidad representa un 10% de la plantilla, si bien, han anotado que se trata de "un número que varía anualmente y que está cerca del límite marcado en el borrador de ley, cuya aplicación en caso de mantenerse tras el trámite parlamentario, precisará de una mayor dotación económica a las universidades y un aumento en la cota de personal".

Las mismas fuentes han detallado que en la UCO "estos asociados son profesionales que colaboran con la universidad compartiendo su experiencia profesional y no representan, por tanto, una bolsa de precariedad". 

Es más, han incidido en que en la Universidad de Córdoba no se ha recurrido a ellos, ni tampoco en la mayor parte de las universidades andaluzas, "para cubrir la necesidad de profesorado estructural". Para ello, han continuado, se ha recurrido "a la figura del ayudante doctor, que es el primer paso en la carrera académica". Por ejemplo, el último mandato del equipo de gobierno de José Carlos Gómez Villamandos como rector de la UCO se convocaron 457 plazas, que sumadas a las de promoción y estabilización superan las 1.000.

"A aquellos asociados doctores y que han sido acreditados por las agencias de evaluación se les ha ofrecido la oportunidad de estabilización dentro de la Universidad", han recordado.

Las citadas fuentes han indicado también que el problema de este colectivo viene derivado de universidades de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, en las que por la crisis económica "se tiró de la figura del profesorado asociado por la tasa de reposición, aunque en Andalucía no se hizo así". Es más, han asegurado que los datos "son bastante buenos", al tiempo que han explicado que estos docentes son "jueces, profesores de institutos, entre otros, y no hay bolsa de precariedad, ya que en la UCO se ha intentado estabilizar a todo el mundo con la figura de ayudante doctor".

Por ello, han subrayado que no se trata de un problema ni para la Universidad de Córdoba, ni tampoco para el sistema universitario andaluz. No obstante, han reconocido que "si hay que llegar a ese 8%, se tienen que marcar unos límites de profesores y de horas que hace que se tenga que contratar a otro tipo de personal, lo que conllevará más gastos".

Se trata de un argumento que ya defendió en su día la Conferencia de Rectores (CRUE), que ha reclamado una memoria económica que "concrete" el desarrollo del anteproyecto.

Tras conocerse el texto que pasó por Consejo de Ministros, los rectores españoles lanzaron un comunicado en el que reseñaron su valoración positiva a la "apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad", aunque con matices. "El máximo del 8% de temporalidad no debe afectar al profesorado asociado. Además, la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación", apuntó el comunicado remitido por la CRUE.

 "Habría que tener en cuenta en los costes de personal las indemnizaciones por despido de quienes tienen contratos indefinidos cuando terminen las condiciones para su contratación", puntualizan los rectores, que también subrayan que "es importante que los costes de indemnización en contratos indefinidos sean elegibles en los proyectos de investigación". Con todas estas matizaciones, la CRUE concluye que "todavía queda espacio de mejora en la tramitación del anteproyecto y continuará realizando propuestas para la elaboración de las enmiendas".