La asociación de sordos dice que sufre una asfixia financiera por la deuda de la Junta
Asegura que se están reduciendo servicios que repercuten en la calidad de vida del colectivo
El presidente de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (APPSC), Carlos Granados, denunció ayer la "asfixia financiera" a que tiene sometida la Junta de Andalucía al colectivo, lo que "condena a la exclusión social de las personas sordas". Granados detalló que la primera consecuencia "de la morosidad y la fuerte reducción de subvenciones" recibidas de la Junta es "la caída en picado" de los servicios que recibe este colectivo. El presidente de la asociación explicó que en Córdoba hay más de 5.000 personas sordas o con alguna discapacidad auditiva que necesitan un intérprete para acudir al médico o realizar alguna tarea administrativa. En la actualidad "sólo hay un intérprete y ni siquiera cobra puntualmente por la deuda que mantiene la Junta de más de tres millones de euros".
Granados denunció la "grave situación" en la que se encuentran por la deuda de la administración autonómica, que además les está obligando a suprimir servicios "y pone en serio peligro los derechos humanos de las personas sordas" pues, aseguró, "imposibilita su acceso igualitario al mercado laboral o una comunicación básica". El presidente del colectivo denunció también en los últimos tres años se han dejado de pagar subvenciones dirigidas a programas de empleo o a intérpretes en lengua de signos. Granados lamentó que la Junta "apruebe la ley por la que regula el uso de la lengua de signos y luego comprometa su utilización por no cumplir con los pagos". El servicio se mantiene, aseguró, "gracias a la buena voluntad de los trabajadores, que llevan tiempo sin cobrar".
A esto hay que sumar la supresión de otros servicios como el intérprete de urgencia, un programa que estaba vigente desde hacía diez años y que garantizaba la disponibilidad de un profesional las 24 horas ante situaciones de emergencia. Granados aseguró que reconocen la dificultad económica pero aseguró que "no se pueden tocar los derechos de las personas sordas porque entonces retrocedemos en la igualdad", reclamó.
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