El sorteo dejará de ser el mecanismo del que se valdrán las promotoras públicas y las privadas para la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO). Así lo ha adelantado a El Día el delegado provincial de Vivienda, Francisco García, al abordar los principales cambios que lleva consigo la nueva normativa andaluza en el marco inmobiliario, denominada Ley de Derecho a la Vivienda. Esta decisión supone, en cualquier caso, una marcha atrás en un método que puso en marcha el propio Gobierno autonómico en 2003 con objeto de dotar al proceso de una mayor transparencia. Aquel giro de timón imprimido por el Ejecutivo de Manuel Chaves se materializó por primera vez en Córdoba en diciembre de 2004 cuando la empresa municipal de Viviendas de Córdoba (Vimcorsa) procedió al sorteo de 455 inmuebles repartidos entre los barrios de Noreña y el Guadalquivir.

Para arbitrar el nuevo sistema de reparto de VPO entre los ciudadanos que demanden este tipo de vivienda la Junta de Andalucía obligará a los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes a elaborar unos registros con las personas que reúnen los requisitos para disponer de uno de estos pisos y que estén interesados en su compra o alquiler. Esta normativa, cuyo borrador ya ha sido aprobado y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, detallará también el plazo que tendrán los consistorios para presentar el primer registro de demandantes.

En esta provincia, en torno a la mitad de municipios tienen censados algo más de 5.000 habitantes, por lo que se verán obligados a realizar este trabajo. La normativa también detallará el perfil de los demandantes, el nivel de renta, la obligatoriedad de residir en la localidad en la que se va a sortear la VPO y otros aspectos encaminados a darle prioridad a las personas que más necesitan un piso protegido.

Según el delegado de la Junta, el nuevo método es "más objetivo" que los que se han empleado hasta ahora -primero se hizo a través de los criterios que marcaban los ayuntamientos y más tarde a través de los citados sorteos-. El escenario, sin embargo, no varía demasiado con respecto al que había antes de recurrir al bombo, si bien desde la Administración autonómica confían en que estas viviendas lleguen a quienes les hacen más falta. García explicó que los trámites que deben seguir las promotoras públicas -como es el caso de Vimcorsa- y las privadas para encontrar compradores es el mismo y consiste en pedir a los ayuntamientos el registro para ir adjudicando los hogares por el orden de prioridad que van a determinar los criterios de la Ley de Derecho a la Vivienda.

Sobre el momento en el que esta legislación entrará en vigor, el delegado provincial del ramo señaló que no se demorará más allá de 2010, entre otras cosas porque, como recalcó García, el borrador de la normativa ya tiene el visto bueno. Andalucía será, por tanto, una de las primeras comunidades en cambiar los procesos de adjudicación. Ya fue una de las pioneras en su día cuando apostó por el sorteo y ahora pretende marcar el camino que sigan otros puntos de la geografía española. El responsable provincial en materia de vivienda concluyo que este cambio persigue "evitar que, como ha sucedido hasta ahora, una empresa convoque un sorteo con 30 ó 40 pisos protegidos y al proceso opten varios miles de ciudadanos".