Un total de 125 profesionales sanitarios de la provincia de Córdoba han sido agredidos mientras desempeñaban su trabajo durante 2021. La mayoría de estos ataques, 110, fueron insultos y amenazas, aunque 15 del total llegaron a ser físicas, según ha difundido este martes la delegada provincial de Salud y Familias, María Jesús Botella, tras la celebración de Comisión Provincial contra Agresiones a Sanitarios en Córdoba.

Los datos suponen un repunte del 13% respecto a la estadística de 2020, cuando se denunciaron un total de 114 agresiones en hospitales, consultorios y centros de salud. 

En cuanto a las medidas e inversiones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía para prevenir y actuar en estas situaciones de violencia en los centros sanitarios, Botella ha detallado que la inversión asciende a más de 500.000 euros destinados a personal de apoyo y medidas de seguridad, entre otras actuaciones no presupuestables.

En el Área Sanitaria Sur se han reforzado los servicios de personal, como han sido los dos auxiliares de apoyo en el acceso de entrada al Hospital Infanta Margarita de Cabra. Al mismo tiempo se han instalado medios tecnológicos en unidades de control de accesos, sistemas de videovigilancia o sistemas de pulsadores de emergencia.

En el centro de salud de Lucena, en concreto, se ha instalado un sistema de videovigilancia y puertas automáticas con sistema de control de accesos en Urgencias.

Las medidas aplicadas en el Distrito Córdoba-Guadalquivir han sido la creación de un puesto de vigilante de seguridad durante toda la jornada en Occidente Azahara y Guadalquivir. Además, en las nuevas consultas o reformas que se están realizando se está instalando la doble puerta para facilitar la salida en caso de agresiones.

En el Área Sanitaria Norte, las inversiones han ascendido en 2021 a 187.895,13 euros e incluyen a los vigilantes de seguridad y la instalación y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia. El resto de las medidas no han supuesto un coste desglosable; se trata, por ejemplo, de las puertas alternativas en las consultas de los nuevos centros que se construyen o reformas que tienen incluido su coste en el proyecto de la obra.

Por otra parte, la aplicación del botón del pánico que se utiliza en el Área Sanitaria Norte de Córdoba no ha tenido un coste adicional, al desarrollarse con medios propios en su momento.

En la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en concreto, en el Hospital de Montilla se han instalado 21 nuevas cámaras de videovigilancia, cinco nuevos pulsados antipánico y cinco nuevos controles de acceso.

En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, de igual forma, se han instalado diez nuevas cámaras de videovigilancia y cinco cambios de cámaras por otras de alta definición, diez nuevos pulsados antipánico, diez controles de acceso y nueve detectores de volumétricos. De igual forma, se han sustituido los monitores del centro de control por otros de mayor pulgada.

Por su parte, en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato se han instalado 14 cámaras de videovigilancia, diez pulsados antipánico y 14 controles de acceso.

Por último, en el Hospital Reina Sofía se ha invertido en el año 2021 un total de 65.498,57 euros en seguridad (activa y pasiva); en concreto, en control de accesos y cámaras de seguridad.

La de ahora ha sido la novena reunión durante 2021 para trabajar de forma coordinada y prevenir estos incidentes en los centros de salud. Estas reuniones forman parte del Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se aprobó el pasado mes de julio e incluye la necesidad de mantener reuniones de coordinación trimestrales para avanzar en la atención a los profesionales que sufren situaciones violentas.

En la última Comisión de Agresiones, celebrada mediante videoconferencia, se instó a los diferentes centros sanitarios al nombramiento de la figura del profesional-guía para dar cumplimiento a la creación de dicha figura, cuyo papel es acompañar al agredido durante todo el procedimiento establecido para ofrecer una asistencia en acto único a través del acompañamiento para el apoyo físico, jurídico y emocional en este tipo de situaciones.

En la comisión han participado el comandante de la Guardia Civil e interlocutor policial sanitario Daniel García; el inspector Manuel Renco por parte de la Policía Nacional, y referentes referentes de prevención de riesgos laborales de los distintos distritos.