Córdoba

Más de 150 afectados interpondrán una demanda contra la constructora Grucal por una deuda de más de cuatro millones

  • El abogado del caso propondrá también que se inicie un concurso de acreedores "forzoso"

Jesús León, presidente del CCF y antiguo propietario de Grucal. Jesús León, presidente del CCF y antiguo propietario de Grucal.

Jesús León, presidente del CCF y antiguo propietario de Grucal. / Juan Ayala

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Más de 150 personas y entidades interpondrán una demanda colectiva en los juzgados a principios de septiembre contra la constructora cordobesa Grucal Infraestructuras ante diversas cantidades pendientes de pago, que suponen una deuda superior a los cuatro millones de euros, aunque la cifra no está cerrada aún.

Según ha informado a el abogado José Cosín, que representa a acreedores, se ha habilitado el correo electrónico afectadosgrucal@gmail.com para quienes quieran personarse en la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil, donde también se solicitará que se inicie un concurso de acreedores forzoso.

En concreto, ha detallado que entre los acreedores hay trabajadores y entidades, la mayor parte de la zona de Montoro, aunque también tiene clientes de Sevilla y Madrid, y calcula que habrá unos 300 afectados, puesto que recibe correos electrónicos de manera regular desde hace horas.

Al respecto, ha señalado que en el activo de la entidad tiene constancia de las adjudicaciones de los concursos ganados en los últimos tiempos, siendo "un dinero que se cobra conforme van realizando los trabajos", pero "dicho dinero no está yendo a los acreedores", ha advertido.

En relación con la petición de concurso, ha comentado que "es evidente que el pasivo -las deudas- superan ampliamente al activo de la sociedad y, además, se ha realizado una operación en fraude con la transmisión de la misma a una sociedad insolvente con un administrador insolvente", aunque será el juzgado el que determine si la venta se hace en fraude de acreedores o no, ha remarcado.

Además, el letrado ha aseverado que "hay personas que han iniciado acciones de tipo penal", aunque en este caso cree que "primero hay que determinar si hay insolvencia punible", tras lo cual estudiarán las acciones penales respectivas.

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