Los administradores de fincas alertan de un repunte en las ocupaciones de casas

La ocupación ilegal de viviendas por grupos más o menos organizados se ha convertido en un problema más con el que tienen que enfrentarse no sólo los vecinos, sino los gestores de las comunidades de propietarios, que están viendo cómo en los últimos meses este problema se va acentuando. Es la posición del Colegio Oficial de Administradores de Fincas Urbanas y Rústicas en su delegación de Córdoba, que tras los últimos asaltos a casas en varias zonas y barriadas de la ciudad reconocen que se trata de un conflicto que no cesa. La presidenta de este colectivo, Mercedes Romero, señaló ayer a el Día que aunque no es una práctica nueva, sí es cierto que en lo que va de año se están produciendo muchas más entradas y ocupación de casas y pisos, generando situaciones de "alarma" entre los propietarios.

Romero indicó que las personas que suelen entrar en estas viviendas "son desconocidos, que no crean vínculos con la comunidad" y que además generan conflictos por las "amenazas" que en ocasiones realizan hacia el resto de vecinos. Añadió que "crean alarma" no sólo por su actitud hacia el resto de los vecinos, sino porque en ocasiones enganchan estas viviendas ocupadas a servicios como luz y agua de manera "ilegítima", lo que a su vez supone generar "inseguridad no sólo en las casas que ellos están, sino en las de todo el entorno" y en los elementos comunes de la comunidad, "con lo que crean situaciones de peligro para ellos mismos y para el resto", dijo Romero, ya que las condiciones de habitabilidad que crean no son las idóneas.

La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas quiso dejar claro que la mayoría de estas situaciones "nada tienen que ver" con los problemas que pueda tener una familia que por distintas circunstancias se ha quedado sin vivienda por cualquier otra circunstancia, ya que estos grupos "no son generalmente del barrio, no hay arraigo a esa zona en concreto y no hacen nada" por buscar la solidaridad o apoyo del resto de vecinos.

Mercedes Romero señaló que cada vez son más los colegiados que hacen referencia a este tipo de situaciones y que, por ello, en la próxima sesión de la junta de gobierno de la entidad se hablará sobre el asunto. Además, pidió a los ciudadanos afectados que denuncien cuando sufran una ocupación o las amenazas de estos grupos, "que no se callen", como única forma de buscar una solución.

Como ya avanzó este periódico, a los asaltos a dos viviendas a principios de esta semana en la Urbanización Azahara se han sumado otras en Encinares de Alcolea y Encinarejo, donde el modus operandi de quienes entran en las casas es muy parecido. Mercedes Romero apuntó que el caso de Encinares de Alcolea "es el más grave" por el número de casas ocupadas, pero que en muchos barrios van detectando casos concretos, sobre todo cuando se trata de viviendas que están a la venta. Además, incidió en que en muchas ocasiones no son casos de extrema necesidad no sólo por la percepción que tienen los propietarios, sino porque incluso colectivos como Stop Desahucios se han desmarcado con rotundidad de este tipo de prácticas. Hasta el punto de que los responsables de esta plataforma indicaron hace unos días que son acciones "mafiosas" por parte de grupos organizados.

Pero si los administradores de fincas sufren de primera mano la ocupación irregular de viviendas, no menos complicado es el papel de los agentes de la propiedad inmobiliaria, quienes también están notando ese repunte en el número de casos de inmuebles a los que determinados grupos entran y controlan.

Así, los testimonios que ha podido recoger este periódico apuntan a que lo que antes era un conflicto que se podría registra en determinadas zonas de la ciudad, ahora se extiende a más barrios, de manera que cuando el agente llega a una casa para concretar alguna transacción se encuentra con que hay personas dentro y que no tienen la intención de abandonarla. Algunos de los empleados de estas empresas comentan que se han dado situaciones en los que tras cerrar la venta de un piso el comprador se ha encontrado con que al querer acceder a la casa ya había allí otras personas "y hemos tenido que anular el contrato", señala uno de estos agentes. Las mismas fuentes indicaron que sus "sospechas" son que algunos de los que entran en estos inmuebles luego después los realquilan a otros, "con lo que hacen un negocio redondo", mientras que en otros casos hasta piden una compensación económica por dejar libre la vivienda. "Los casos de real necesidad se detectan y lo que hacemos es pedirle a estas familias que acudan a los servicios sociales", señala este testigo, quien coincide con los administradores de fincas en que se trata de actuaciones irregulares que están en aumento en los últimos meses, "yo diría que incluso en el último año", señalan algunos. También alertan de que las familias que tras un asalto entran a la vivienda "no suelen estar mucho tiempo, luego llegan otras y así sucesivamente".

La ocupación ilegal de casas y pisos ha provocado que en los últimos días algunos grupos municipales hayan reclamado una acción conjunta de todas las administraciones. Así, el PP ha reclamado esa mesa de diálogo e incluso ha condenado estos actos, calificándolos igualmente como "mafiosos".

Una de los episodios de mayor tensión se vivió el martes en la Urbanización Azahara, cuando a plena luz del día un grupo de tres jóvenes rompieron las protecciones de un piso del bloque y facilitaron la entrada de cinco personas, que permanecieron en el mismo durante más de hora y media, hasta que finalmente la Policía Nacional les convenció para que se salieran. Algo parecido ocurrió en otra vivienda de esta zona en la noche del lunes y también intervinieron los agentes.