980.000 euros. Esa es la cantidad que adeuda al Ayuntamiento la empresa adjudicataria de los cuatro quisoco-bar que están repartidos en la zona ajardinada del Vial Norte. La firma, que se hizo con la explotación de estos espacios, no ha pagado el canon ni un solo en año en la última década, desde que resultó adjudicataria en marzo de 2006, por lo que el gobierno municipal ha decidido rescindir el contrato. El teniente de alcalde de Gestión, Emilio Aumente, explicó que la firma debe 245.000 euros por cada uno de los cuatro establecimiento, lo que supone una cantidad de casi un millón de euros. El gobierno municipal ya ha requerido el abono de esta deuda en varias ocasiones y hasta ha emitido diligencias de embargo.

Los establecimientos son de titularidad municipal aunque se cede su gestión por un canon al año de 21.000 euros. La adjudicataria tenía subcontratados los locales con otras empresas, que son las que los explotan. Con la llegada del buen y tiempo y sobre todo durante los fines de semana son cientos los cordobeses que aprovechan la cercanía de los juegos infantiles para tomar un refresco o comer en esta zona. Es por ello que extraña aún más que dados los buenos resultados que parecen ofrecer, la adjudicataria haya eludido el pago de sus obligaciones durante una década.

La rescisión del contrato no supone el cierre inmediato de los negocios. El Ayuntamiento inicia ahora el proceso y se puede prolongar unos meses. Además, la intención es volver a licitarlos para que sea otra empresa la que asuma la gestión de estos locales que cuentan con una gran demanda sobre todo a partir de esta época del año.

No es este el único asunto que se trató ayer en la junta de gobierno local. Aumente explicó que también se ha dado el visto bueno al reinicio del expediente para aclarar la titularidad de la ermita de los Santos Mártires, ubicada en el Balcón del Guadalquivir e inmatriculada por la Diócesis en 2005, después de que haya caducado el iniciado en abril del año pasado. El anterior gobierno municipal del PP inició este proceso tras tener certezas de que el bien es de titularidad municipal y así poder reclamarlo ante la Iglesia, como sucedió con la plaza del Pocito. Sin embargo, este expediente tiene un plazo máximo de resolución de seis meses que no se ha cumplido.

Otro de los asuntos que se trató fue el nombramiento de Jesús Ligero como director general de Turismo, que hasta ahora era secretario general provincial de Administración Local y Relaciones Institucionales en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, puesto al que accedió en diciembre de 2012.

Ligero es funcionario de carrera del cuerpo superior facultativo de Sociología de la Junta de Andalucía. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, así como licenciado en Sociología por la Universidad de Granada.

Entre los acuerdos adoptados en la junta de gobierno local ayer también destaca el emitido por la Asesoría Jurídica en el que se avisa de que el Ayuntamiento ha sido requerido por el juzgado de lo contencioso número cuatro tras la denuncia interpuesta por el PP sobre el incumplimiento de los turnos de palabra en el Pleno.