Los acusados por el derrumbe de Palomares irán a juicio el día 19

La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 26 años y cinco meses de cárcel y una multa de 33.000 euros para los seis acusados del derrumbe de la vivienda de la calle Palomares que se produjo en febrero de 2007 y se cobró la vida de un matrimonio. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 1 el próximo día 19 de noviembre y en el banquillo de los acusados se sentarán seis personas, entre ellos el arquitecto de la obra. La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita para este profesional una pena de un año y seis meses de prisión por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores y dos penas de año y medio cada una por sendos delitos de homicidio por imprudencia. Los otros procesados son el promotor -para quien el fiscal pide cuatro años y medio de prisión-, el jefe de obra -siete años y medio-, el arquitecto técnico -cuatro años y medio-, un socio de la constructora -dos años y once meses- y el gruista -dos años y medio.

Un matrimonio falleció y su hijo de 12 años resultó herido de gravedad al derrumbarse parte de la casa de vecinos en la que residían, en el número 4 de la calle Palomares, en la mañana del 21 de febrero de 2007. Aunque será la autoridad judicial la que determine las causas concretas del desplome, todas las hipótesis apuntan a las obras que se efectuaban en un solar colindante de la calle Muro de la Misericordia, donde se construían diez viviendas unifamiliares y garajes. Según el informe que la Oficina de Ruinas de la Gerencia de Urbanismo hizo público en su momento, la casa se vino abajo "como consecuencia del vaciado de tierras en un sótano colindante".

En el escrito del fiscal se pone de manifiesto algunas irregularidades cometidas como que al promotor le correspondía la designación de un coordinador de seguridad al concurrir en la ejecución de la obra más de una empresa, obligación que, según el fiscal, no cumplió. Por otro lado, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado el 18 de enero de 2006 por el arquitecto técnico y también acusado, J. L. A. P.., a instancia de la promotora, "no se ajustaba a la legalidad", pues supuestamente su memoria descriptiva "no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares". Debido a estas deficiencias dicho estudio fue devuelto al objeto de salvar las referidas omisiones. No obstante y sin esperar a la aprobación, en el mes de enero de 2007 comenzaron las obras con la fase de cimentación "sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la autoridad laboral el preceptivo aviso previo de inicio de los trabajos, ni por la empresa contratista se comunicase la apertura de centro de trabajo a la aludida autoridad". El Ministerio Público considera que estas supuestas irregularidades eran conocidas por el arquitecto, J. E. B. P. quien "no puso impedimento a la continuación de los trabajos".

Por parte de la empresa contratista, como encargado de obra, actuaba el acusado A. G. C., quien contaba con plenas facultades para impartir órdenes e instrucciones en materia de seguridad. Sin embargo, una persona que ejercía de capataz mantenía diferencias con él sobre el modo en que se estaba realizando la cimentación. Mientras tanto, el representante de la constructora supuestamente se desentendió de la ejecución de la obra; al tiempo que algunos vecinos manifestaban su temor a que "pudiera producirse un hecho desgraciado" a la vista del desarrollo de los trabajos. Al respecto, el arquitecto técnico visitaba "alguna vez" la obra para comprobar su estado, pero "no con la frecuencia que las particulares circunstancias de esta construcción exigían", según apunta el fiscal.

Para realizar los trabajos de excavación se subcontrató a otra empresa. Así, en la tarde del día 20 de febrero de 2007, la máquina retroexcavadora llegó a la obra conducida por el maquinista y acusado J. D. S. con el propósito de realizar las tareas que le fuesen indicadas. Había que proceder a la excavación mediante bataches, tal y como se había hecho en otros puntos del muro. Sin embargo, el modo en que se acometió esta labor hizo que el capataz mostrase reiteradamente su disconformidad hasta que llegó un momento que mandó parar la máquina debido a la peligrosidad que entrañaba la profundidad -tres metros- y extensión de la zanja -12 metros-, unido al estado en el que se encontraba el muro. Finalmente, continuaron las labores y el maquinista, "conocedor del riesgo que conllevaba la excavación, en vez de negarse a realizarla decidió atender las indicaciones del encargado", tal y como sostiene el Ministerio Público.

Sobre las 18:00, al terminar la jornada laboral, se detuvieron las labores, se recogieron las herramientas y, colindante al muro correspondiente a la parte posterior de la vivienda afectada, supuestamente se dejó la zanja abierta "sin ningún tipo de afianzamiento u otra medida de seguridad". Tras una noche muy lluviosa, la labor se reanudó sobre las 08:00 del día siguiente, momento en el que el maquinista puso en marcha la máquina retroexcavadora y dos trabajadores debían introducirse en la zanja, pero no llegaron a hacerlo porque "de improviso se derrumbó la parte posterior del inmueble" correspondiente al número 4 de la calle Palomares, al ceder el terreno donde apoyaba el muro, arrastrando en su caída a enseres y moradores.

El accidente sepultó a un matrimonio y a su hijo menor de edad, que pudo ser rescatado con vida. Los padres fallecieron a pesar de los intentos de los bomberos y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar. Además, la hija de los fallecidos resultó ilesa, aunque tuvo que ser atendida psicológicamente.