El acusado de asestar un puñetazo al ex alcalde de Posadas niega la agresión

J. M. M. F. negó ayer ante el titular de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba haber propinado un puñetazo al ex alcalde de Posadas, Guillermo Benítez (PSOE), tras la celebración del Pleno extraordinario del 29 de enero de 2009. No obstante, el acusado, que es abogado y se ha defendido a sí mismo, reconoció que se acercó al edil de una forma "impulsiva" debido a los insultos y las amenazas que le profirió, aunque "sin agredirle en ningún momento".

El acusado, en calidad de letrado, pidió la nulidad por varias irregularidades tanto en el proceso como en el momento de su detención. Esta petición fue rechazada por el juez. Asimismo, en su declaración insistió en que no mantiene ningún tipo de enemistad con el ex alcalde, aunque reconoció que ha sido condenado por vejaciones leves contra el secretario del alcalde.

Por su parte, Guillermo Benítez narró en su declaración que durante el Pleno tuvo que recriminarle al acusado su actitud, ya que "no paraba de hablar y le dije que se callara o que se presentara a las próximas elecciones para que tuviera derecho a intervenir en la sesión". Pero, según Benítez, en ningún momento llegó a amenarzarle. En cuanto a la agresión, afirmó que tuvo lugar tras la celebración del Pleno cuando el acusado se le acercó y de manera sorpresiva le asestó dos golpes. El impacto provocó que sus gafas se cayeran al suelo.

Tras ello, el alcalde acudió hasta el centro de salud de la localidad para ser atendido de las lesiones causadas -arañazo y contusión facial, y molestias cervicales- y que allí el acusado intentó agredirle de nuevo. Pero, finalmente J. M. M. F. fue inmovilizado por la Policía Local sin poder conseguir su objetivo, según confirmó un agente en calidad de testigo.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de atentado contra un agente de la autoridad y de una falta de lesiones. También le demanda una multa de 3.780 euros. La acusación mantiene esta misma pena, mientras que la defensa solicita la libre absolución.