Vimcorsa alquilará a quien no obtenga hipoteca para una VPO

Ultima con la Junta aplazar la venta de los pisos en el caso de no obtener financiación · El método pasa por arrendar con opción a compra hasta que la familia tenga recursos para pedir un préstamo

El notario revisa las bolas del último sorteo de la empresa municipal Vimcorsa.
El notario revisa las bolas del último sorteo de la empresa municipal Vimcorsa.
Rafael Ruiz

26 de febrero 2009 - 01:00

La empresa municipal de vivienda, Vimcorsa, ultima un plan alternativo para las familias que no obtengan financiación bancaria con la que afrontar el pago de una hipoteca y, por ende, la adquisición de un piso de protección oficial. La sociedad municipal pretende dar la opción a los adjudicatarios de una vivienda en los sorteos convocados al efecto de establecer un alquiler con opción a compra durante una serie de años hasta tanto la familia disponga de las condiciones necesarias de acceder al crédito, bien por un relajamiento futuro de las condiciones de acceso al dinero, bien porque su situación personal case con las condiciones objetivas pactadas entre el sector bancario y la Junta de Andalucía.

La dirección de la empresa, que preside la edil Victoria Fernández (PSOE), tiene abierto un proceso de negociaciones ante la Junta de Andalucía para poder implantar este sistema, que en principio no ve ningún problema en que se produzca esta suerte de acceso diferido a las viviendas. Según las fuentes consultadas, este hecho no alteraría el proceso seguido, puesto que las personas que obtienen la vivienda son las que marca el sorteo, y la finalidad de la promoción, destinada a la venta, sería al final la seguida, una vez que las familias hayan procedido a la adquisición de los pisos.

El proceso que se pretende seguir con las familias que no puedan reunir el dinero del piso -en este caso, el 80% que financia el banco por la vía hipotecaria- consiste en un contrato privado, cuya duración dependerá de la situación de la unidad familiar. Periódicamente, se establecería un sistema para revisar la situación patrimonial de forma que se haga efectiva la adquisición del piso en cuanto las circunstancias lo permitan.

El acuerdo entre la Junta y el sector financiero establece una serie de condiciones para el ciudadano acceda al crédito. Estas condiciones consisten en distintos criterios como que la renta familiar no haya disminuido en los tres últimos años (lo que deja fuera a las familias que tengan o hayan tenido a alguno de sus miembros en paro), que la totalidad de las deudas financieras no supere el 40% de los ingresos familiares, que una vez satisfecha la cuota mensual de la hipoteca sobre al menos el Salario Mínimo Interprofesional y no tener un historial de fallidos.

Estos criterios dejan, en realidad, a miles de familias fuera del mercado del crédito y suponen una plena garantía de que se pagarán las hipotecas, precisamente en un segmento que registraba una ratio de fallidos muy moderada. Con las últimas viviendas sorteadas por Vimcorsa en la mano, es necesario disponer de una renta mensual estable de 2.000 euros y que todos los miembros de la unidad familiar trabajen para que una caja o un banco lleguen a facilitar un préstamo. Ello deja fuera del sistema a las personas que tienen una renta entre una y casi tres veces el IPREM, que son la mayor parte de las rentas que pueden acceder a la compra de una vivienda de protección oficial en España.

La opción de la empresa municipal implica, en cualquier caso, una carga financiera añadida para Vimcorsa. El negocio de la promoción consiste en pedir una hipoteca por la promoción, construir, trocear el préstamo, traspasarlo a los compradores y quedarse con un beneficio industrial. En este caso, Vimcorsa asumiría durante más tiempo la carga financiera a costa del tiempo que la vivienda permanece alquilada y no vendida. Además, es necesario concretar una serie de flecos como si se siguen abonando cantidades a cuenta -muchas familias se van a enterar de que se les deniega el préstamo a última hora- previas a la adquisición de las llaves o qué ocurre con la financiación concertada que la Junta establece en su normativa y que implica una subvención directa a quien adquirir una VPO.

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