Vecinos del Sector Sur se han concentrado este jueves 18 de enero a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba reclamando la intermediación al alcalde, José María Bellido, en el conflicto entre los residentes de las viviendas protegidas con arrendamiento (VPA) situadas en la Acera del Río, 43 y 45, y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Se trata de un edificio de vivienda pública construido por la Junta hace unos 15 años, para la inserción social y habitacional de familias vulnerables. Según afirma el portavoz de la Plataforma Afectados Vecinos Acera del Río, Ángel Salinas, los contratos de arrendamiento se firmaron para un período de 10 años y se prorrogaron extraordinariamente por el Covid, pero durante 2023, los vecinos han estado recibiendo notificaciones para desalojar las viviendas por el vencimiento del contrato, aunque algunos de ellos también por "impagos", ha reconocido Salinas, apuntando a la vulnerabilidad de las familias residentes.

En total, más de 30 familias han abandonado su vivienda a lo largo del año pasado, o bien de forma voluntaria o mediante desahucios, quedando apenas 26 viviendas habitadas de las 70 que comprende el edificio. "Nunca se llegaron a habitar todas las viviendas", apunta Salinas, "a pesar del déficit de vivienda pública y la gran cantidad de familias demandantes de vivienda social que tenemos en Córdoba".  

Desde la Plataforma Afectados Vecinos Acera del Río -en la que se reúnen intereses tanto de las familias residentes como desahuciadas del edificio, incluso familias que están teniendo problemas (o han tenido) en viviendas de AVRA en otro sitio de la ciudad y familias que están en las listas de espera de una vivienda social en Córdoba-, denuncian que "la Junta está echando a familias en riesgo de exclusión social y pobreza sin alternativa habitacional, o siendo reubicadas a viviendas en zonas conflictivas y en peores condiciones que las actuales, y además está tapiando las viviendas desalojadas o que estaban libres", sin alquilarlas a nuevas familias necesitadas.

Además, los vecinos llevan años reclamando, mediante escritos a AVRA, la "falta de mantenimiento del bloque por parte de la Junta y los deterioros estructurales que tiene la construcción". Algunos rumores que circulan entre los vecinos apuntan precisamente a una posible intención de la Junta de desalojar el edificio para acometer dichas rehabilitaciones.

"Queremos llegar a un acuerdo para que ninguna familia más sea echada de estas viviendas y que se les de uso a todas las que están vacías y tapiadas en el edificio, pero hasta ahora, "solo hemos recibido hostilidades por parte de AVRA y de la Junta".

Es por ello que en octubre de 2023, la Plataforma Stop Desahucios trasladó la queja de los vecinos a José María Bellido, quien se "comprometió a mediar en el conflicto y solicitar una cita con AVRA de la que a día de hoy no tenemos noticia", explica Salinas.

En la convocatoria de la concentración en Capitulares, la Plataforma ha subido al Pleno con el objetivo de entregarle una carta al alcalde.