La esperada innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que el Ayuntamiento de Córdoba iba a alejar las salas de juego de los centros escolares más de 500 metros no seguirá adelante. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado que, para dar seguridad jurídica a este proyecto, elevó dos consultas, una a la Junta de Andalucía y otra a la Subdelegación del Gobierno.

Ambas administraciones le han contestado que los ayuntamientos no tienen competencia en ese ámbito y que, en caso se seguir adelante, se invadirían competencias exclusivas que ostenta la Junta de Andalucía en materia de juego y apuestas.

Con este panorama, Urbanismo estudiará si se puede mantener la moratoria que impedía dar nuevas licencias mientras se tramitaba la innovación. Además, el Consistorio se compromete a hacer campañas de sensibilización sobre este tipo de salas.

Fuentes mantendrá una reunión con el presidente de la Federación de las Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Antonio Toledano; con la asociación vecinal del Campo de la Verdad y Fray Albino (una de las zonas de la ciudad más perjudicada por la apertura de estos locales de apuestas), y con representantes del Movimiento Ciudadano para comunicarles esta respuesta que "pone las cosas en su sitio jurídicamente" porque "me tengo que atener a la ley".

"Yo he llegado hasta donde he podido, a partir de ahora que sean el Parlamento de Andalucía y el Congreso de las Diputados los que, de alguna forma, modifiquen el planteamiento del juego", ha dicho Fuentes. En esa línea, ha apuntado que va hacer "todo lo que esté en mi mano para llegar a los colegios y aislar a los más jóvenes" del problema de las apuestas, un tema "dramático para muchas familias".

La modificación del PGOU salió adelante por una moción presentada de manera conjunta por los grupos de la oposición PSOE, IU y Podemos, y a la que acabaron por unirse el resto de partidos. La moción, aprobada en el Pleno del pasado 21 de enero, establecía "instar al organismo competente a que regule el establecimiento de una distancia mínima de 500 a 700 metros desde los centros de ocio y deportivos, la distancia mínima de 500 a 700 metros entre salas de apuestas, así como estudiar la moratoria de un tiempo máximo de dos años para la adecuación de las salas de apuestas ya existentes a la nueva regulación del PGOU".

El acuerdo, además, pedía la regulación de un número máximo de licencias por distritos en función población existente y la limitación de las actividades en las salas de juego, de modo que fuera incompatible con la hostelería u otra actividad similar.

A todas estas medidas se sumaba la promoción de programas de sensibilización y prevención de la ludopatía a través de la Delegación de Participación Ciudadana y la de Salud y Consumo, en colaboración con las JMD y los Consejos de Distrito, con especial incidencia en aquellos distritos más afectados por el crecimiento de los locales de apuestas.